Las pruebas, que supuestamente implican al ex primer ministro peruano Jorge del Castillo y al secretario personal del presidente Alan García, habrían desaparecido de manos de jueces y fiscales, según la empleada de una empresa de seguridad que realizó interceptaciones telefónicas.
Lima. La denuncia de la desaparición de pruebas de unmayúsculo caso de corrupción salpicó a políticos clave del gobiernoperuano y amenaza con crecer a ribetes de crisis, justo cuando el paísestá sacudido por conflictos sociales y está en un año preelectoral.
Laspruebas, que supuestamente implican al ex primer ministro peruano Jorgedel Castillo y al secretario personal del presidente Alan García,habrían desaparecido de manos de jueces y fiscales, según la empleadade una empresa de seguridad que realizó interceptaciones telefónicas.
DelCastillo, voceado precandidato del partido oficialista para laselecciones presidenciales del 2011, ha negado varias veces cualquierparticipación suya en el caso de corrupción.
GiselleGiannotti, empleada analista de la firma privada de seguridad BusinessTrack, dijo que ha recibido por teléfono y por correo electrónicoamenazas contra su vida y su familia, por realizar la denuncia y acusóque hay una "mafia" detrás.
"Yo he tenido siempre el mejor delos conceptos del señor Del Castillo cuando él ha sido primer ministro,para mí ha sido una sorpresa encontrarme con archivos que tenían sunombre", afirmó el martes Giannotti a la radioemisora local RPP.
Losarchivos, que contienen conversaciones telefónicas y correoselectrónicos, involucran a Del Castillo en cuestionados negocios decontratos petroleros, refirió.
La semana pasada, elresponsable del sistema judicial de Perú denunció la adulteración dearchivos de dispositivos USB de Giannotti que eran parte de un conjuntode pruebas en un caso de espionaje telefónico contra políticos yempresarios.
El caso estalló en 2008 tras revelarsepresuntos sobornos de la firma noruega Discover Petroleum para ganar laconcesión de lotes petroleros en el país andino, escándalo que tuvocomo consecuencia la renuncia del entonces primer ministro Del Castilloy todo el gabinete del presidente García.
"No tengo nada queocultar ni nada de qué avergonzarme. Rechazo toda insinuación quealgunas personas con un afán politiquero pretenden vincularme a ladesaparición de los audios", afirmó Del Castillo, también actuallegislador.
Extorsión. La empleada de seguridad, queestuvo detenida 14 meses por este caso, afirmó que los archivosdesaparecidos contienen además información de casos por presuntacorrupción en el tema de aranceles, la construcción de hospitales, denegocios petroleros y la actuación de un banco mexicano en Perú.
"Ahora(las pruebas) que obran en el Poder Judicial nada de eso me pertenece,parece una cosa de locos, los USB que tenían información ahora estánvacíos", dijo la empleada.
Giannoti aseguró asimismo que"personal vinculado" a la policía de la dirección antidrogas ha venidoextorsionándola desde hace un mes, para no difundir un audio en el queella mencionaba al secretario personal del presidente García enpresuntos vínculos con personas acusadas de narcotráfico.
Al respecto, el primer ministro, Javier Velásquez, consideró que "son infamias que se están tratando de tejer".
Giannottidescartó que en los archivos se haya involucrado al mandatario de Perú."Nunca he visto ningún archivo que contenga el nombre ni del presidenteGarcía ni de nadie de su entorno familiar", afirmó.
Lasacusaciones de corrupción y espionaje crecen en momentos en los cualesel gobierno de García encara conflictos sociales, faltando seis mesespara las elecciones regionales y casi un año para los comiciospresidenciales y legislativos.
Algunos legisladoresexpresaron su indignación por la demora de la justicia para encontrar alos responsables del espionaje telefónico y castigar a los culpables.
"Aquíel Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, la policía y el mismoEjecutivo deben tener el interés más que nadie para aclarar lasituación", dijo la legisladora Lourdes Alcorta, del conservadorPartido Popular Cristiano.
El tema de corrupción es sensibleentre los peruanos que vivieron un gran escándalo en la década de 1990,cuando el servicio de inteligencia grababa en secreto miles de videos yaudios con conversaciones de políticos, empresarios, jueces,funcionarios, periodistas y hasta artistas de televisión.
Sudescubrimiento generó la destitución del ex presidente AlbertoFujimori, quien ahora cumple una condena de 25 años de prisión acusadode abusos a los derechos humanos.
