Defensa de la familia manifiesta su rechazo al hecho de que ningún órgano judicial español investigara antes el secuestro del joven, que apareció muerto el 22 de agosto. "Por tareas puramente burocráticas, la justicia no hizo nada", sostiene el abogado defensor.

Madrid. La Audiencia Nacional española se ha declarado competente para investigar la muerte el pasado agosto de Sergio Muñiz Brioso durante su secuestro en Colombia, ante los indicios de que las Farc pudieran estar detrás del crimen y ante la falta de constancia de que se esté investigando en ese país.

La sección cuarta de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el que estima el recurso de los padres de Muñiz, de 28 años, y revoca el archivo de las diligencias abiertas a raíz del secuestro, acordado en julio pasado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que deberá reabrir el caso.

Velasco, apoyándose en un informe de la Fiscalía, argumentó la falta de competencia de la Audiencia Nacional sobre la base de que la víctima era española y el delito se cometió fuera de España, por lo que no era de aplicación el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (lo que se conoce como Justicia Universal), porque para que así fuera los autores del secuestro debían ser españoles.

Sin embargo, la Sala observa que en las diligencias archivadas, provenientes de un Juzgado de la ciudad asturiana de Oviedo que se inhibió el 21 de junio, los supuestos autores "aparecen identificados con el nombre 'Los Rastrojos'", uno de los cuatro grupos narcoparamilitares más poderosos de Colombia, según un informe policial que obra en la causa.

Se trataría por tanto, de "un grupo guerrillero paramilitar similar o derivado de las Farc", respecto de los que la Audiencia Nacional podría tener competencia al poder calificarse el hecho como una extorsión relacionada con el terrorismo o con el tráfico de drogas", lo que estaría contemplado en la legislación española.

"Lo anterior, unido a la ausencia de datos acerca de la apertura de una investigación en Colombia sobre la detención ilegal y asesinato del joven Sergio Muñiz Brioso, obliga a llevar a cabo una investigación sobre los hechos al existir elementos fundados acerca de la competencia de la jurisdicción española", concluye la Sala.

El abogado de la familia Muñiz, Manuel Pérez , señaló en su recurso que desde que se produjo el archivo de las actuaciones, ningún órgano judicial investigó el secuestro del joven, que apareció muerto el 22 de agosto. "Por tareas puramente burocráticas, la justicia española no hizo nada hasta que, finalmente, decide no hacer nada" y tras ese archivo, Muñiz es asesinado un mes y medio después "sin que su país haya movido un músculo para ayudarle".

Según la familia, a la que los secuestradores pedían un rescate de un millón de euros, debían haberse hecho "las mínimas gestiones de investigación" porque "si ni siquiera se admite, cautelarmente, la competencia" nunca podrían descubrirse las circunstancias que rodearon a ese secuestro. "La triste realidad es que se dejó desamparado a un ciudadano español", lamentan en su recurso.