El portavoz del Ejecutivo catalán dijo que esta "respuesta jurídica" tiene como objetivo "agotar las vías internas", antes de acudir a instancias internacionales.

El Gobierno regional de Cataluña anunció este martes un conjunto de recursos al Tribunal Supremo y al Constitucional para intentar frenar las medidas aprobadas por el Ejecutivo español, que pretende evitar la secesión de esa comunidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el pasado sábado cesar a todo el Gabinete regional de Cataluña, así como limitar las competencias del Parlamento autonómico y convocar elecciones antes de seis meses, medidas que deben ser ratificadas por el Senado el viernes 27.

El portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull, comunicó este martes a la prensa que han acordado una "respuesta jurídica", con la intención de "agotar las vías internas", antes de acudir a instancias internacionales. Las acciones legales comenzarán con la petición de un informe al Consejo de Garantías Estatutarias- órgano que vela por el cumplimiento de Estatuto de Autonomía (máxima norma de la región)-, al entender que las medidas que plantea el Gobierno central "sobrepasan todos los límites" legales.

La solicitud del informe al Consejo de Garantías será el paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional español, que harán una vez que el presidente catalán, Carles Puidemont, envíe al Senado sus alegaciones contra las medidas del Gobierno central. Interpondrán el recurso de amparo ante el dicho tribunal por una cuestión de plazos, de formas y de fondo, explicó Turull.

El Gobierno catalán ha sido muy crítico con el Constitucional, al que ha calificado en numerosas ocasiones como un tribunal politizado, cada vez que ha dictaminado contra las decisiones que tomaba el Gobierno y el Parlamento de Cataluña para facilitar el proceso independentista.

También se dirigirán al Supremo. Asimimo, presentarán ante el Tribunal Supremo recursos por la vía contencioso administrativa para "declarar nulo" el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado, al amparo del artículo 155 de la Constitución, al considerar el Ejecutivo catalán que "sobrepasa" lo que dice la Constitución.

Este artículo establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática o atenta contra el interés general de España, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.

Según Turull, las medidas que el Gobierno central ha trasladado al Senado, que incluye el cese de los miembros del Ejecutivo catalán, "contravienen" las elecciones catalanas de 2015 y el posterior nombramiento del presidente de la Generalitat y de gobierno.

La previsible activación del citado artículo 155 por parte de Madrid en un intento por frenar la deriva independentista de la región, pese a contar con el apoyo del PSOE y los liberales de Ciudadanos, no está exenta de polémica y ha generado muchas críticas en todo el país, además de protestas ciudadanas dentro y fuera de Cataluña. Ahora numerosos medios y analistas especulan que Puigdemont podría convocar elecciones autonómicas para tratar de evitar la intervención de Madrid.