Las fuerzas políticas mayoritarias acordaron un documento en el que definen a Cataluña como sujeto político y jurídico en un nuevo Estado dentro del marco europeo.

El Parlamento catalán, de mayoría soberanista, tiene previsto aprobar la declaración el próximo 23 de enero, en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura.

Con esta afirmación de soberanía, el gobierno de Mas, quien abrazó el independentismo en medio de peor crisis económica en décadas, quiere dar el primer paso para lograr la independencia de la norteña región de España.

La clave del proceso es la celebración de un referendo de autodeterminación en 2014.

Autodeterminación. Se tratará de la cuarta vez que el Parlamento catalán proclama el derecho de autodeterminación de Cataluña, aunque en esta ocasión supone un desafío mayor para la frágil España, sumida en una crisis sin precedentes y con una parte importante del pueblo catalán movilizado como nunca a favor de la independencia.

La Constitución española, fija la soberanía nacional en el pueblo español, y éste es el principal argumento jurídico del gobierno del presidente Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), a la hora de rechazar la realización de la consulta.

Sin embargo, para realizar el referendo Mas defenderá, apoyado en la nueva declaración, que el pueblo catalán, “por razones de legitimidad democrática”, tiene “carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

“No existe legitimidad sin respeto a la legalidad”, respondió hoy la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Mas alzó la bandera independentista tras una masiva manifestación, el 11 de septiembre de 2011, celebrada en Barcelona bajo el lema “Cataluña nuevo Estado de Europa”.

Autogobierno. En el texto difundido este viernes con el título “Propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán”, se destaca la voluntad histórica de Cataluña de “autogobernarse” y de “constituirse en un nuevo Estado dentro del marco europeo”.

Según se argumenta, en los últimos años las instituciones del Estado español “pusieron dificultades” y “negaron” las aspiraciones democratizadoras de Cataluña y provocaron una “involución en el autogobierno” regional.

Por estos motivos, el pueblo catalán manifestó su voluntad de superar esta situación de “bloqueo” mediante la creación de un Estado propio.

El documento pactado por CiU y los independentista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) subrayó que las recientes elecciones del pasado 25 de noviembre -que dieron mayoría a las fuerzas soberanistas, con ciertos matices- son una muestra “inequívoca” de esta voluntad.

En ese sentido, CiU y ERC fijaron como objetivo claro la independencia, alejándose de otras posturas más ambiguas pero de mayor consenso como el concepto “derecho a decidir”, que también apoyan los socialistas catalanes y los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Si bien declararon a “Catalunya como sujeto político y jurídico, iniciando el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir", subrayaron que el objetivo es "hacer efectiva la voluntad de construir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo".

Los socialistas catalanes anticiparon que se mantienen abiertos a la negociación pero no apoyaran el texto actual, al que “le sobra el proyecto independentista y le falta calidad democrática, capacidad de diálogo y consenso”, según dijo su líder Pere Navarro en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El Partido Popular y Ciutadans, contrarios a la independencia, no fueron invitados a negociar.