"Dilma ¿Porqué nos abandonaste?", decía un cartel en manos de uno de los cientos de empleados públicos en huelga que demandan aumentos salariales.
Sao Paulo. Cuando la presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció la semana pasada la privatización de carreteras y vías férreas por US$65.000 millones, quienes asistieron a su discurso pudieron oír también los chiflidos y gritos de rabia fuera del palacio presidencial.
"Dilma ¿Porqué nos abandonaste?", decía un cartel en manos de uno de los cientos de empleados públicos en huelga que demandan aumentos salariales.
Para cualquiera que siga la política brasileña, la escena era sorprendente: una presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores, cuyas raíces se remontan al movimiento sindical de la década de 1980, ofreciendo concesiones a inversores privados pese las protestas de los empleados públicos.
Y sin embargo no fue un accidente. En las últimas semanas Rousseff profundizó su alianza con el mundo de los negocios, al tiempo que aplica mano dura con su base política, una apuesta arriesgada que espera que le permita proteger las finanzas públicas y atraer inversiones a la desacelerada economía de Brasil.
Aunque su táctica fue aplaudida por muchos en Wall Street, hay varios frentes domésticos donde el tiro podría salirle por la culata.
Pese a que la mayor parte del sector público funciona con normalidad, huelgas de policías federales y otros trabajadores han complicado temporalmente las operaciones en aeropuertos e incluso en algunos ministerios importantes.
Otros aspectos de la economía, desde las exportaciones agrícolas a los bancos públicos y los preparativos para la Copa Mundial del 2014, podrían ser afectados si se extienden las protestas.
Rousseff tiene un sólido nivel de aprobación del 75% y la opinión pública parece estar con ella, en vez de con los huelguistas que obtuvieron sustanciales aumentos salariales en los últimos años.
Aún así, un prolongado conflicto podría aumentar la presión sobre la amplia coalición de la presidenta, que ella lucha por mantener unida desde que asumió el poder, en especial al acercarse las elecciones municipales de octubre.
Funcionarios brasileños de alto rango dijeron a Reuters que Rousseff está dispuesta a negociar mayores salarios dentro de ciertos límites, pero está decidida a recurrir a la justicia para obligarlos a volver al trabajo.
Mientras tanto, la mandataria prometió concesiones de obras públicas al sector privado en las próximas semanas, esta vez para puertos y aeropuertos.
"Su prioridad número uno en este momento es estimular la economía y controlar la inflación", dijo un asesor cercano a la presidenta. "Si uno mira sus recientes acciones, estamos actuando en ambos frentes".
La confrontación está transformando la Explanada de los Ministerios, el complejo de edificios modernistas diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer a fines de la década de 1950.
Pancartas rojas con eslóganes como "¡Aumentos ya!" cuelgan en muchos de los edificios, donde huelguistas en jeans y camiseta deambulan por los estacionamientos.
"¡Dilma! ¡Dilma! ¡Dilma! ¡Negocia con los empleados públicos!", dice una canción que resuena incesantemente en los altavoces.
"No tiene más remedio que darnos lo que queremos", dice Almiro Rodrigues, un policía federal. "El Gobierno dice que no hay dinero, pero sabemos que eso es falso".
La posición de Rousseff no es sorprendente. Durante una década en el poder, el Partido de los Trabajadores ha practicado un izquierdismo mucho más pragmático que el de otras fuerzas de izquierda que gobiernan Venezuela o Argentina, manteniendo una relativa disciplina fiscal a la vez que cultiva las inversiones en casa y en el extranjero.
Sin embargo su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva, un ex dirigente sindical y fundador del Partido de los Trabajadores, era mucho menos tímido a la hora de gastar en salarios públicos.
Los sueldos del sector publico en Brasil más que se duplicaron en términos nominales durante la presidencia de Lula del 2003 al 2010, muy por encima de la inflación.
Rousseff ha sido mucho más conservadora, en gran medida por necesidad. Una explosión de gastos gubernamentales durante el ultimo año de Lula en el poder le permitió asegurar la elección de Rousseff en el 2010, pero también la dejó con una herencia de persistentes presiones inflacionarias.
La presidenta ofreció a los empleados públicos un aumento salarial de un 15 por ciento en los próximos tres años, que probablemente no cubrirá la inflación.
Cualquier alza más allá de eso podría compromete varias de sus metas políticas, incluyendo su campaña por reducir las tasas de interés. El ultimo informe de inflación del Banco Central, publicado en junio, dijo que las negociaciones salariales era un "riesgo importante" para futuros movimientos de precios.
Sea cual sea el aumento que Rousseff ofrezca por fin a los empleados públicos servirá como referencia para el sector privado, donde los sindicatos en áreas como el petróleo y la industria automotriz llevarán a cabo negociaciones salariales durante el próximo año.
Para complicar aún más las cosas, la economía casi se ha estancado como resultado de años de inversiones insuficientes en infraestructura y una excesiva dependencia del crédito del consumo como motor de crecimiento. Brasil creció apenas 2,7% en el 2011 y este año se espera una expansión de apenas un 1,7%.
Ese contexto explica también la decisión de Rousseff de aumentar el gasto en infraestructura mediante las concesiones privadas.
Esa opción, más que ninguna otra, ha sido interpretada como una herejía por muchos en el Partido de los Trabajadores después de que Lula pasara casi toda su carrera política denunciando las privatizaciones realizadas en la década de 1990.
Rousseff misma criticó las privatizaciones en su campaña electoral del 2010. En su discurso de la semana pasada, explicó por qué cree que entregar las concesiones de carreteras y vías de tren a privados no es una privatización, una palabra que muchos brasileños asocian al capitalismo corrupto.
El tema es tan sensible que hasta el presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, divulgó el miércoles una declaración de cinco párrafos explicando por qué la decisión de Rousseff no resultará en "escandalosos peajes" u otros errores del pasado.
Pero la decisión parece destinada a cambiar la relación de Rousseff con las grandes empresas, que ya era razonablemente buena. Bernardo Figueiredo, un asesor encargado de supervisar el plan de infraestructura, dijo a Reuters que la política fue diseñada tras intensas consultas con los líderes empresariales.
Corredoras de Wall Street, incluyendo Morgan Stanley, aplaudieron a Rousseff por tomar medidas para estimular la oferta en lugar de concentrarse en la demanda de consumo.
La reacción de los otros partidos ha sido relativamente muda. Eso indica que Rousseff encontraría poca resistencia cuando ponga sobre la mesa futuros planes que involucran concesionar a privados los aeropuertos de Río de Janeiro y de otras ciudades, cruciales para preparar al país para la Copa Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.
Y sin embargo, sus recientes decisiones podrían haber abierto una oportunidad para que muchos políticos, entre ellos muchos de los partidos de izquierda radical, acusen a Rousseff de ignorar a los sindicatos más fuertes del país.
Esas críticas podrían acentuarse si la economía no repunta en los próximos meses.
"Dilma tiene una política de congelar los salarios", dijo al diario O Estado de Sao Paulo la candidata del partido de ultra izquierda PSTU a la alcaldía de la ciudad, Ana Luiza Figueiredo. "No sólo no negocia, sino que además criminaliza a los movimientos huelguistas".
"El PT se está divorciando de su historia", añadió.
