El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este miércoles que acepta la “guerra” que, según él, le declaró la oligarquía nacional, a través de los gremios patronales.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este miércoles que acepta la “guerra” que, según él, le declaró la oligarquía nacional, a través de los gremios patronales, y convocó a los trabajadores a librarla junto a él.

“Guerra es guerra y después no se quejen (...), vamos a ver quién puede más: si ustedes, burgueses de pacotilla, o quienes queremos patria. Los oligarcas han declarado una guerra, que es social, económica, política y moral, y yo se las acepto”, dijo Chávez en una fábrica de aceites que pasó al control estatal hace año y medio.

“Ellos acabaron con Venezuela, dejaron un país destrozado, a pesar de ser uno de los más ricos del mundo”, y ahora van a la “guerra” con una “revolución” que transita hacia el socialismo del siglo XXI, añadió Chávez en su alocución retransmitida en cadena nacional obligatoria de emisoras de radio y televisión.

Sus principales enemigos. El gobernante identificó entre sus principales enemigos en ese conflicto a los gremios patronales Fedecámaras y Consecomercio, así como al industrial Lorenzo Mendoza, dueño de la empresa Alimentos Polar, la principal empresa de alimentos de Venezuela, de quien dijo que recientemente fue al palacio presidencial a pedirle préstamos.

“Guerra con la burguesía apátrida de Fedecámaras y de Consecomercio y demás yerbas”, insistió. Tras expresar que siente “tristeza” de que algunos trabajadores “desclasados” de Polar apoyen a Mendoza y defiendan “a quien los explota”, por lo que “deberían sentir vergüenza”.

Chávez subrayó que la mayoría de trabajadores es afín a su gestión y que Mendoza se irá “al infierno”.

Dedicación del presidente a Lorenzo Mendoza. “Mendoza: tú con tus millones y yo con mi moral y con mi pueblo”, en una guerra en la que “ricachones como tú se irán al infierno, porque tú Mendoza te irás al infierno”, insistió el gobernante.

El conflicto con las patronales ha recrudecido en las últimas semanas, tras registrarse nuevas expropiaciones de empresas privadas y un adicional e intermitente desabastecimiento de productos y especulaciones en los precios, de lo cual se culpan mutuamente.

Acusaciones cruzadas. El Gobierno denuncia que la patronales buscan “desestabilizar” y en definitiva derrocarlo, en tanto que los gremios culpan al Ejecutivo de empeñarse en destruir el aparato productivo nacional y beneficiar a otros países con importaciones masivas de alimentos y otros enseres.

El Gobierno “se empeña en acabar con el aparato productivo interno, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y sustituyendo la producción venezolana por la foránea”, aseguró la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en un comunicado difundido esta semana. Y “la ola de confiscaciones” en la que está montado “solo traen ineficiencia, desempleo y desabastecimiento”, añadió la patronal.

“Las diferencias deben expresarse de forma civilizada, de manera armonizada y para beneficio del colectivo. Los empresarios creemos en nuestro país y seguimos aquí apegados a las leyes, defendiendo nuestros derechos, principios y libertades”, remarcó la cúpula empresarial venezolana en el comunicado.

Obreros de diversas empresas nacionalizadas protestaron este lunes ante el edificio de Fedecámaras y afirmaron que la directiva empresarial “tiene planes” para reeditar el golpe de Estado que en abril de 2002 logró derrocar durante 48 horas al gobernante venezolano.

El presidente de Fedecámaras de entonces, Pedro Carmona, se autoproclamó sucesor de Chávez y luego se exilió en Colombia tras fracasar la intentona. La declaración de guerra aludida se produce horas después de que Chávez calificara de “falla imperdonable” el hallazgo en estado putrefacto de 36.000 toneladas de alimentos importados por su Gobierno, abandonados en más de un millar contenedores.

Un diario caraqueño denunció este miércoles que hay otros 800 contenedores con alimentos, asimismo importados por el Gobierno, que también por negligencia se dejaron pudrir, de cuya existencia han dado cuenta “vecinos que se han quejado de los malos olores”, aunque aún no existe una confirmación oficial.