El canciller Heraldo Muñoz expresó desconocer sobre dicho punto y dijo que su gobierno responderá debidamente "a todo lo que tenga que responder" en la contramemoria histórica y jurídica del caso, que deberá presentar a más tardar el 25 de julio de 2016.

Santiago. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó este lunes desconocer la existencia de supuestos documentos secretos en la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El canciller expresó en conferencia de prensa desconocer sobre esta cuestión y dijo que su gobierno responderá debidamente "a todo lo que tenga que responder" en la contramemoria histórica y jurídica del caso, que deberá presentar a más tardar el 25 de julio de 2016.

El representante boliviano ante el tribunal internacional de Naciones Unidas (ONU) con sede en la ciudad de La Haya, Holanda, Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló recientemente a medios bolivianos que las pruebas "todavía no son documentos públicos, ni deben serlo".

"El conjunto de alegatos y pruebas que hemos puesto en consideración de la Corte, que los ha trasladado a Chile y que deben ser respondidos el próximo año", aún no se hacen del conocimiento público, expresó Veltzé.

Muñoz enfatizó: "Nos vamos a preparar muy bien para defender el interés nacional, como ya quedó demostrado en esta etapa preliminar donde quedó clarísimo, y eso dice el fallo de la Corte, que Bolivia no tiene derecho de un acceso soberano al mar".

"Lo fundamental para Chile era defender la integridad territorial de nuestro país y eso ha quedado salvaguardado", expresó el canciller chileno.

Dijo que ahora enfrentarán otro asunto, en el sentido de si hubo alguna obligación de negociar por parte de Chile en las distintas conversaciones a lo largo de la historia".

La CIJ rechazó a fines de septiembre pasado la objeción planteada por Chile respecto a su competencia para conocer del caso, por lo que resolvió que es competente para pronunciarse sobre la demanda boliviana.

El gobierno de Bolivia demandó a Chile ante la CIJ el 24 de abril de 2013, con el objetivo de obligar al país vecino a negociar una salida soberana al océano Pacífico en su territorio.