Con esta normativa, que será presentada en marzo próximo, se sustituirá la Ley General de Urbanismo y Construcción, que regula el diseño y planificación urbana y tiene 80 años sin mayores modificaciones.
Santaigo. La nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile propone modificaciones de gran calado a los cuerpos legales y un cambio a la institucionalidad vigente con el propósito de impedir los "atentados urbanos", entre otros fines, dijo este martes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.
Con esta normativa, que será presentada en marzo próximo, se sustituirá la Ley General de Urbanismo y Construcción, que regula el diseño y planificación urbana y tiene 80 años sin mayores modificaciones.
Lo mismo ocurre con la Ley de Monumentos, que protege las edificaciones, pero no propone mecanismos para resguardar los entornos, un problema que quedó al descubierto en la isla de Chiloé, donde se construyó un gran supermercado que rompió la armonía urbana.
Según el ministro, los vacíos de ambos cuerpos legales y los denominados "atentados urbanos" siguen amenazando edificios históricos, barrios saturados por la congestión o sitios con valor ecológico y hay falta de una institucionalidad que permita planificar adecuadamente el crecimiento de las ciudades.
En consecuencia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propondrá fortalecer en recursos, funcionamiento y autonomía a los gobiernos regionales, para que definan sus proyectos urbanos y respondan al nivel central en cuanto a lineamientos.
Pérez inició en la ciudad de Concepción un proceso de consulta regional para recoger planteamientos de distintas zonas del país, entre ellos, cómo se puede preservar zonas de valor ecológico en la ciudad.
Se trata de localizar "usos no deseados", obras de infraestructura necesarias pero que amenazan con reducir el valor del entorno de las ciudades, como cárceles, basurales, torres de antenas o cementerios.
El Ministerio de Vivienda ha planteado modificar también la Ley General de Urbanismo y Construcción en lo referido a los instrumentos de planificación y también busca modificar las leyes orgánicas de los ministerios.
A largo plazo se plantearía, por ejemplo, crear un "macroministerio" de la Ciudad y el Territorio que incorporará a los actuales ministerios de Vivienda, Urbanismo, Bienes Nacionales y Transportes.
Uno de los ejes de la nueva política urbana será la creación de mecanismos para reducir la segregación social en las ciudades y fomentar la integración.
Para ello, se buscará que el Estado tenga facilidades para levantar conjuntos de viviendas sociales en terrenos fiscales con buena localización, cercanos a los centros, los servicios, el transporte público y establecimientos de salud y educación.
"El Estado debe tener una participación en la gestión de suelos para ir a comprar terrenos y establecer políticas de vivienda social que incluyan el arriendo de viviendas y mantenga la propiedad y evitar que a la larga la propiedad se deteriore", dijo Antonia Lehman, de la comisión que elabora la nueva política.
A su vez, en el sector inmobiliario están empezando a medir los efectos que podrían generar las señales vinculadas a las alzas de los precios de las viviendas en el país, que se están dando desde organismos estatales.
Si bien en la industria descartan que exista una "burbuja", hace unos días el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y algunas superintendencias del ámbito económico crearon un grupo de análisis para monitorear los riesgos de este mercado.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que el dinamismo de los valores de las viviendas supera los patrones históricos, aunque declinó hablar de una "burbuja".
El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, descartó sin embargo el impacto de los precios de las viviendas.
Señaló que serían los bancos los primeros en reaccionar con mayores exigencias a los préstamos, más que las personas se pongan a esperar algún tiempo una eventual baja en los valores de las viviendas.
