"Vamos a seguir trabajando coordinados y con energía", anunció el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, tras encabezar este jueves una reunión de seguridad en la que se analizaron los avances en las investigaciones por la colocación de artefactos explosivos.
El Gobierno chileno dijo este jueves que continúa con sus investigaciones tras la detención esta madrugada en Santiago de tres presuntos autores de recientes atentados terroristas en el país, incluido el que el pasado 8 de septiembre dejó 14 heridos en el metro de la capital.
"Vamos a seguir trabajando coordinados y con energía", anunció el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, tras encabezar este jueves una reunión de seguridad en la que se analizaron los avances en las investigaciones por la colocación de artefactos explosivos.
La cita, en la que participaron el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; el general director de Carabineros, Gustavo González, y el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, tuvo lugar después de que esta madrugada se detuviera a un grupo formado por dos hombres y una mujer a la que se le atribuyen estos hechos.
"Hemos recibido con satisfacción esta madrugada la noticia de la detención de tres presuntos participantes en los actos terroristas que hemos conocido en los últimos meses", señaló el ministro, quien destacó "la dedicación y el trabajo" de la fiscalía y de los carabineros, que han dado "resultados muy positivos".
"Los organismos del Estado, tanto el ministerio público, como Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior, vamos a seguir trabajando con la misma coordinación y energía para que estas personas que han atentado contra chilenos inocentes (...) estén en manos de la Justicia", enfatizó Peñailillo.
El titular de Interior advirtió sobre la gravedad de que los últimos atentados se registran en lugares públicos, "especialmente lo que ocurrió en los vagones del metro y en la estación Escuela Militar", donde estalló un artefacto explosivo a la hora del almuerzo en un lugar por el que diariamente transitan unas 150.000 personas.
En el último semestre en Chile se ha producido una cantidad inédita de bombazos, pero hasta lo ocurrido el pasado 8 de septiembre no había habido víctimas.
Desde el inicio de este tipo de ataques explosivos se tienen registrados 209 incidentes; sin embargo, lo ocurrido hace diez días fue el peor atentado desde que en 1990 Chile recuperó la democracia.
"Este tipo de investigaciones son complejas", admitió hoy Raúl Guzmán, el fiscal especial que está a cargo del caso.
Guzmán explicó que la organización de las diligencias y el trabajo en colaboración con Carabineros ha permitido sustentar las órdenes judiciales de detención ejecutadas esta madrugada.
Más de 200 agentes de policía participaron en esta operación, que incluyó allanamientos a seis viviendas ubicadas en los municipios santiaguinos de La Granja, San Bernardo y La Pintana.
"Se dispuso la conformación de un equipo multidisciplinario, que estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Sur (...), se hizo un trabajo consciente", destacó el general Gustavo González, responsable Carabineros.
"Este primer resultado no es producto del azar", enfatizó el jefe policial, quien apuntó al empleo de métodos científicos de investigación y el análisis cruzado de datos y la búsqueda de información en terreno como claves del éxito en la lucha antiterrorista.
"Tras este primer resultado vamos a seguir como equipo, bajo la dirección del ministerio público, trabajando como corresponde a una etapa de investigación más formalizada", explicó el jefe de Carabineros.
La falta de resultados y la debilidad de las pruebas aportadas en los escasos juicios -especialmente el del llamado "caso bombas", el pasado año- habían sido hasta ahora la tónica general.
La gravedad de lo ocurrido en el metro Escuela Militar a comienzos de este mes sembró la inquietud entre la ciudadanía y dio la voz de alerta a las autoridades.
Tras el atentado en el metro de la capital, el Gobierno anunció la reforma de la ley antiterrorista y de la ley de inteligencia nacional y dotó de más recursos a los cuerpos policiales y la fiscalía.
