El hecho de que Pinochet muriera a los 91 años, el 11 de diciembre de 2006, luego de esquivar una causa judicial en Europa y sin haber sido juzgado en Chile por sus crímenes -por los que jamás pidió perdón- marca la influencia que el ex dictador conservó en los primeros 15 años de democracia en el país.

Chile conmemora el sábado próximo el quinto aniversario de la muerte de Augusto Pinochet, el dictador que marcó a sangre y fuego los destinos del país y la vida de cientos de miles de chilenos, con un gobierno de derecha que puso fin a 20 años de hegemonía antipinochetista pero que afronta fuertes cuestionamientos.

El hecho de que Pinochet muriera a los 91 años luego de esquivar una causa judicial en Europa y sin haber sido juzgado en Chile por sus crímenes -por los que jamás pidió perdón- marca la influencia que el ex dictador conservó en los primeros 15 años de democracia en el país.

Tras el deceso del anciano dictador, la entonces presidenta Michelle Bachelet autorizó sólo homenajes póstumos como comandante del Ejército, decisión que constituyó un acto de justicia largamente celebrado por la población chilena, que de todos modos al día de hoy sigue sufriendo profundas desigualdades electorales creadas por una Constitución reformada a gusto de Pinochet.

Chile cumple este primer lustro con un gobierno de derecha -el primero que logra arrebatarle el poder desde 1990 a la Concertación de centroizquierda-, lo cual puede sugerir que, muerto el sanguinario dictador, este sector político que siempre lo apoyó y bloqueó todas las posibilidades de juzgarlo goza ahora de un "lavado de cara".

Sin embargo, el gobierno del empresario multimillonario Sebastián Piñera convoca altos índices de rechazo en algunas políticas, en especial el área de la enseñanza pública, donde la comunidad estudiantil reclama una educación gratuita y de mejor calidad.

En dos años de gestión, Piñera fue perdiendo un precioso caudal político cuyo pico máximo de apoyo popular data de apenas 13 meses: fue en octubre de 2010, cuando logró rescatar con éxito a los 33 mineros que habían quedado sepultados en Copiapó.

El plano más inclinado de la pendiente Piñera lo recorrió de la mano del conflicto con los estudiantes chilenos, que reclaman una reforma sustancial del inequitativo sistema educativo, heredado justamente del Pinochetismo y que se mantuvo intacto en los 20 años de gobierno de la Concertación.

Tal vez por esto, las encuestas que acreditan claramente esta defección del gobierno chileno no reconocen mejor opinión sobre el desempeño de la ahora opositora Concertación, más allá del prestigio personal que aún mantiene Bachelet como eventual candidata a suceder a Piñera.

Desde las elecciones de enero de 2010, el panorama político del país se divide en tres grandes sectores y no en el clásico bipartidismo, con la irrupción en escena de Marco Enríquez Ominami.

El joven dirigente, ex candidato presidencial escindido de la Concertación, ha decidido construir una tercera opción a la izquierda de la histórica alianza que mayoritariamente integran socialistas y democristianos.

En su momento, Ominami fue señalado desde la centroizquierda como el responsable de la victoria electoral de Piñera, ya que el 20 por ciento de los votos que reunió pudo haber engrosado el caudal de apoyos que obtuvo el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, quien quedó segundo.

Pero Marco -conocido popularmente en Chile por sus iniciales, MEO- rechaza las acusaciones y reitera que desde su Partido Progresista (PRO) está construyendo un proyecto que retome los ideales de la Concertación, a la cual considera en fase terminal.

En este balance de cinco años sin Pinochet, seguramente sea este -la aparición del nuevo espacio político- el dato más importante, sino el único, a la hora de analizar la realidad política chilena.

En lo que hace al plano judicial, el ex dictador logró escapar al brazo de la justicia pero no sus principales colaboradores a la hora de secuestrar, torturar y matar: fueron y son juzgados en un proceso al cual el gobierno de Piñera no le puso ningún tipo de trabas.

Actualmente son alrededor de 60 los represores presos (que están procesados en más causas, por lo que seguirán sumando cada vez más años de prisión, según la legislación vigente) y existen en trámite unas 1.500 denuncias en total (material por separado).

Antes de morir, Pinochet fue investigado también por el denominado "caso Riggs", que intentó confirmar si el ex dictador llegó a tener 27 millones de dólares diseminados en 125 cuentas bancarias en distintas partes del mundo.

Tras la muerte de Pinochet las acusaciones se orientaron hacia su viuda, Lucía Hiriart, sus hijos y su albacea, Oscar Aitken, pero luego de años de idas y venidas la causa parece haber llegado a punto cero.

No obstante, como la investigación no está cerrada, podría darse la posibilidad -al parecer, mínima- de que los descendientes del ex dictador sean procesados.