En Chile, cientos de personas asistieron este sábado a una misa para recordar a Augusto Pinochet, fallecido hace diez años.

El dictador chileno Augusto Pinochet, que alguna vez aseguró que iría derecho al cielo, es un personaje que la mayoría de sus compatriotas ya empieza a olvidar, aunque no así los crímenes cometidos bajo su régimen. Los defensores de Pinochet, al que denominan "salvador de la patria”, intentan, sin embargo, mantener viva la figura de su líder en fechas clave como el aniversario del golpe militar que encabezó el 11 de septiembre de 1973, el de su nacimiento o el de su muerte, ocurrida el 10 de diciembre de 2006.

En 2015, decenas de incondicionales acompañaron a sus parientes para celebrar el centenario de su natalicio en Los Boldos, un exclusivo predio familiar situado en el balneario de Santo Domingo, sobre la costa del océano Pacífico, donde está guardadas el ánfora que contiene sus cenizas. Este sábado (10.12.2016), unas trescientas personas asistieron  a una misa para conmemorar los diez años de su fallecimiento. "Ha sido uno de los presidentes más grandes de la historia de Chile”, dijo el Senador Iván Moreira al final de la ceremonia.

En lo que va de mes, muchos otros han aprovechado la efeméride para recordar más bien a las víctimas y los hitos de su dictadura (1973-1990). Un día antes del aniversario, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, anunció que viajaría a Roma en enero de 2017 para presenciar la lectura de la sentencia contra los militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay juzgados en la capital italiana por su implicación en el Plan Cóndor. Ideada por Pinochet, esa operación coordinó la represión de la oposición política en las décadas de los setenta y ochenta.

Crímenes recordados dentro y fuera de Chile. En octubre de 2016, la Fiscalía de Roma reclamó la cadena perpetua para los veintisiete imputados en el "Proceso Cóndor”, que juzga la muerte y desaparición de italianos en el marco del plan homónimo, consumado por los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El mismo 9 de diciembre, en Chile, una bandera nacional chamuscada y rasgada en el asalto al Palacio de La Moneda durante el golpe militar liderado por Pinochet fue devuelta al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

La mandataria anunció que la bandera sería entregada al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para su cuidado y conservación. Durante el acto, celebrado en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Bachelet recordó a quienes perdieron la vida durante la dictadura de Pinochet. La bandera fue rescatada por un funcionario anónimo de la sede del Ejecutivo que pudo sobrevivir al bombardeo, incendio y asalto de las tropas golpistas y quien la guardó celosamente durante más de 40 años.

Hace pocos meses, el funcionario en cuestión le entregó la bandera a Roberto Cuéllar Bernal, quien fue ministro de Tierras y Colonización del presidente Salvador Allende entre el 27 de marzo y el 9 de agosto de 1973, y quien tras recibirla decidió devolverla a La Moneda. Por otro lado, el viernes pasado (9.12.2016), la bailarina y maestra de danza Joan Turner, viuda del cantautor Víctor Jara –asesinado tras el golpe de Augusto Pinochet en 1973–, fue condecorada por Bachelet con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda.
 
Documentación cultural de una dictadura. "Gracias por tu energía y voluntad inquebrantable, gracias por mantener viva la memoria de Víctor Jara, gracias por la Fundación que lleva su nombre, gracias por formar a varias generaciones de bailarines, bailarinas y coreógrafos”, clamó Bachelet durante el acto de entrega. Mientras tanto, en España, el cineasta Costa Gavras estaba por cerrar el ciclo "Diálogos de cine”, organizado con motivo de la Capitalidad Cultural Europea 2016, que ostenta la ciudad española de San Sebastiánjunto con la polaca de Breslavia.

En el marco de ese evento, Gavras recordó el rodaje de la película "Missing”, un proyecto que aceptó porque contaba la historia real de un joven estadounidense que desapareció en los primeros días del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Esa cinta de 1982 le permitió ganar un premio Óscar en la categoría de Mejor Guión. Poco antes (7.12.2016), como preludio casual del aniversario de la muerte de Pinochet, el juez chileno Mario Carroza acusó a agentes de la dictadura por el homicidio calificado de Miguel Enríquez Espinoza, co-fundador del MIR.

Esas son las siglas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El asesinato de Enríquez Espinoza fue perpetrado el 5 de octubre de 1974. El mismo 7 de diciembre, la  Justicia chilena condenó a nueve agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor de la dictadura chilena, por su responsabilidad en los delitos calificados de secuestro y homicidio del dirigente estudiantil Ángel Guerrero Carrillo, ilícitos cometidos en 1976. Y el 5 de diciembre, Chile pidió la extradición de dos agentes de la dictadura.

Su viuda, Lucía Hiriart, en la mira. La Justicia del país sudamericano busca enjuiciar a Armando Fernández Larios y Michael Townley Welch, quienes están en territorio estadounidense, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Ronnie Moffitt, la secretaria del excanciller chileno Orlando Letelier. Moffitt murió en un atentado perpetrado en Washington el 21 de septiembre de 1976, en el que también perdió la vida Letelier, exministro del presidente Salvador Allende (1970-1973).

Dos días antes, el 3 de diciembre, la ministra chilena de Bienes Nacionales, Nivia Palma, recomendó públicamente cerrar la fundación Cema Chile, hasta hace poco dirigida por Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet, quien está siendo investigada por delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. "Desde mi punto de vista, se debería poner término a la personalidad jurídica de la fundación”, dijo Palma. El ex dictador murió a los 91 años de un infarto al miocardio en el hospital Militar de Santiago.

Durante su régimen, que se prolongó por casi 17 años, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que más de 1.000 figuran todavía como detenidos-desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por razones políticas, según cifras oficiales.