El pronunciamiento oficial enmaraña aún más las disputas internas que comenzaron a gestarse este jueves en las fuerzas representativas chilenas, luego de que RN -que junto a la UDI gobierna Chile a través de la Coalición por el Cambio-, y la DC -miembro de la opositora Concertación-, anunciaran un acuerdo de reforma electoral.

El Ejecutivo chileno desconoció el sorpresivo acuerdo entre Renovación Nacional, uno de los partidos del oficialismo, y la Democracia Cristiana, integrante de la alianza opositora, para reformar los sistemas de gobierno y electoral, alcanzado en negociaciones a espaldas del resto del arco político y que disparó disputas internas en las dos coaliciones.

"El gobierno no tuvo conocimiento anticipado, ni fue puesto en conocimiento por parte del presidente de Renovación Nacional (RN)del documento, ni del hecho, ni de la situación que iba a ser suscripto ese documento con la Democracia Cristiana (DC)", señaló este viernes a la prensa el ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, sin aceptar preguntas, según reflejaron los medios santiaguinos.

El pronunciamiento oficial enmaraña aún más las disputas internas que comenzaron a gestarse este jueves en las fuerzas representativas chilenas, luego de que RN -que junto a la Unión Demócrata Independiente (UDI) gobierna Chile a través de la Coalición por el Cambio-, y la DC -miembro de la opositora Concertación-, anunciaran un acuerdo para proponer la reforma de los sistemas de gobierno y electoral parlamentario.

Los presidentes de RN, Carlos Larraín, y de la DC, Ignacio Walker, anunciaron ayer el inédito y sorpresivo acuerdo, explicaron que fue producto de negociaciones de dos meses mantenidas "en silencio", y aseguraron que los titulares del resto de las fuerzas que integran una y otra coalición fueron informados la noche anterior al anuncio.

Hoy, el vocero presidencial criticó el acuerdo al resaltar que el oficialismo había convenido "buscar primero los consensos al interior de la Coalición por el Cambio" y luego abrir la mesa de una eventual reforma al resto de los sectores políticos.

Los ejes de la iniciativa RN-DC apuntan a establecer un régimen semipresidencial con las figuras de jefe de Estado y de un primer ministro y a modificar el sistema binominal de elección de legisladores para reemplazarlo por un sistema proporcional.

El principal objetivo de la propuesta recae sobre el sistema electoral parlamentario que rige por la Constitución pinochetista de 1980 y que otorga representación casi de manera equilibrada únicamente a dos bloques políticos, dejando afuera a partidos menores.

Chadwick enfatizó que el Ejecutivo tiene la disposición de buscar los acuerdos que permitan modificar o perfeccionar el sistema electoral, pero que también tiene "la absoluta convicción que en la búsqueda de esos acuerdos en primer lugar y por sobre todo se buscan los acuerdos al interior de la coalición de partidos que acompañan al gobierno".

El ministro indicó también que una modificación al sistema presidencial no está en la agenda "ni ha estado nunca en las conversaciones al interior del gobierno", porque consideran que es "una fuente de estabilidad política y corresponde a una larga y sólida tradición política en Chile".

En tanto, la UDI reaccionó hoy con dureza con sus socios de RN y denunció que la directiva encabezada por Carlos Larraín "ha hecho exactamente lo contrario de lo que se había acordado" llegando a un acuerdo político con un partido de la Concertación "sin proceder a ninguno de los acuerdos que se habían convenido, en cuanto a privilegiar la unidad antes de cualquier planteamiento público".

"Particular extrañeza nos causa porque sólo el lunes pasado, y estando todos presentes, en el comité político se había acordado por parte del Gobierno y a expresa petición del Presidente de La República y de los partidos que conformamos la Alianza (Coalición para el Cambio), un procedimiento para avanzar en forma conjunta en la agenda del 2012", señaló el líder de la UDI, Juan Antonio Coloma.

El jefe de la bancada en la Cámara de Diputados, Felipe Ward, fue más allá y advirtió que si esas conversaciones "secretas" entre RN y la DC duraron dos meses, será necesario evaluar "cuál es el escenario ahora".

"Nuestro emplazamiento va dirigido a nuestros socios, ya que necesitamos saber si ellos están dispuestos a seguir en el Gobierno o continuarán negociando con la DC y los partidos de la oposición.

Salir con este domingo 7 sin avisarle a nadie tensiona la relaciones al interior de la Alianza", enfatizó.

Para atemperar la molestia de la UDI, el vicepresidente de RN, el senador Baldo Prokurica, anunció hoy la creación de una comisión especial para analizar las propuestas del acuerdo integradas por expertos, que escuchará las ideas de los aliados y del gobierno.

"Aquí no hay acuerdos para perjudicar a nadie. Son propuestas de gran envergadura y que no tienen por objeto el beneficio de un partido o del otro, sino que mejorar el sistema democrático chileno", se defendió Prokurica de las críticas.

Ayer, los dardos recayeron sobre la DC disparados desde la otra fuerza más importante de la Concertación, el Partido Socialista (PS), cuyo secretario general, el senador Fulvio Rossi, consideró que las negociaciones "secretas" con RN "afectarán la confianzas" en el bloque opositor.

Sin embargo, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, salió hoy a poner paños fríos a la disputa interna en la oposición, al considerar que cualquier persona que se dedica a la política y que preside un partido aspira a ampliar el grado de adhesiones.

"Me da lo mismo, que sea de espalda, por el lado, por arriba, por abajo, me da exactamente lo mismo. A mí lo que me preocupa en política es el resultado de esta situación. Y si lo que tenemos es una mayoría más sustantiva que ayer para el cambio del sistema binominal por un sistema proporcional, que ello se haya logrado en reuniones semi-secretas me da lo mismo", enfatizó el timonel socialista.

En la práctica, el sistema binominal determina que hoy la Concertación y la Coalición por el Cambio tengan representantes parlamentarios casi de manera empatada, lo que hace prácticamente imposible las mayorías calificadas en el Congreso y, por ende, reformas de fondo.