Bolivia y Chile llegaron a un preacuerdo sobre el conflicto del Silala que indica que el país austral pagará a su vecino por el uso del 50% de las aguas hasta que se concluya un estudio que definirá si es un manantial que nace y muere en Bolivia o un río de curso internacional.

La Paz. Un preacuerdo refiere que Chile deberá pagar (a Bolivia) US$2 por cada metro cúbico de agua que use del 50% del caudal del Silala; este monto representa un incremento de US$1,25 respecto al precio inicial fijado, informó el canciller David Choquehuanca.

El Canciller ofreció un informe oral ante la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, donde dio detalles sobre las conversaciones en torno al uso de las aguas del Silala.

“El Gobierno boliviano es quien fija el monto de la compensación; cuando empezamos las negociaciones estaba en 0,75 centavos de dólar el metro cúbico, luego, cuando hemos concluido el acuerdo inicial, ahora en consulta, está en dos dólares”, informó.

Bolivia y Chile llegaron a un preacuerdo sobre el conflicto del Silala que, entre otros aspectos, refiere que el vecino país pagará por el uso de 50% de las aguas hasta tanto se concluya un estudio que definirá si es un manantial que nace y muere en Bolivia o un río de curso internacional. El trabajo demorará 4 años.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, informó que no conocen el monto que deberá pagar Chile por el uso de parte de las aguas del cantón Quetena Chico. “El pago es en adelante, pero también queremos que Chile reconozca que tiene una deuda con Bolivia por el consumo que tuvieron desde hace más de 100 años”, sostuvo el dirigente.

El contenido del preacuerdo es socializado entre las organizaciones de la sociedad civil de Potosí. “Algunos de los sectores exigen más dinero. El tema del pago no se estableció aún, pero, incluso hay sectores que piden cinco dólares por metro cúbico”, reveló.

El artículo 6 del documento prevé que “del volumen total del agua del Silala... el 50% corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile”.

Choquehuanca aclaró que el Estado no cederá ningún derecho sobre los manantiales, ya que simplemente se abre un proceso de estudio que llegará a establecer la propiedad del recurso hídrico. “Bolivia no está cediendo, ni otorgando ningún derecho sobre las aguas del Silala a Chile; está autorizando (su uso), por un tiempo y un valor determinado”, explicó el Canciller.

Una vez que las organizaciones potosinas aprueben el preacuerdo, el documento será remitido al Legislativo para su aprobación. A partir de su vigencia, se aplicará el cobro por el uso de parte de las aguas del Silala.

Reunión de comisión en noviembre. Después que la sociedad apruebe el acuerdo inicial, una comisión boliviano-chilena se reunirá en La Paz en noviembre para sellar el acuerdo. Condori pide que el equipo técnico chileno visite Quetena para que “no hablen de memoria y así conozcan la realidad”.

Piden incluir deuda histórica. Las observaciones que tengan los sectores sociales de Potosí sobre el acuerdo inicial con Chile serán presentadas hasta finales de octubre, informó el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori.

“Aún se está socializando el acuerdo inicial dentro las bases de los sectores sociales. Si hay algún reclamo, es nuestro deber como dirigencia cívica elevar la observación y luego plantearla a la Cancillería”, indicó Condori.

Según el dirigente, la deuda histórica que tiene Chile por el uso de estas aguas es el punto que más debate levantó. “Es algo legítimo, muchos sectores exigieron que este punto sea parte del acuerdo inicial y desde Potosí se presentará una propuesta para incluirlo”, anticipó.

El convenio inicial con Chile no establece el tema de la deuda histórica y prevé, entre otros aspectos, que se instalará una planta hidrométrica en la frontera con el objetivo de definir el porcentaje de las aguas de libre disposición de cada país.

El acuerdo borrador consta de 17 puntos y fue firmado el 30 de junio de 2009 en La Paz por los ex vicecancilleres Hugo Fernández y Alberto van Klaveren.