El fiscal jefe de la zona sur de la capital chilena, Raúl Guzmán, explicó que la medida "busca contar con todos los antecedentes, sin perjuicio de la labor que han realizado nuestros organismos internos".

El fiscal jefe de la zona sur de la capital chilena, Raúl Guzmán, informó este miércoles que se solicitó colaboración a organismos internacionales especializados en ataques explosivos para esclarecer el atentado ocurrido este lunes en un área comercial aledaña a una estación del metro, que dejó 14 heridos.

"Respecto de la ayuda a países extranjeros y vecinos dentro de las diligencias de investigación, se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales, de manera de contar con todos los antecedentes, sin perjuicio de la labor que han realizado nuestros organismos internos", dijo Guzmán.

Tras encabezar una reunión de coordinación con las máximas autoridades de las policías, el fiscal aseguró que la indagatoria del caso está avanzada y que el equipo de investigación cuenta con dos fiscales exclusivos más.

Se trata de Héctor Barros y Francisco Bravo, quienes se suman al trabajo que hasta ahora realiza su par Christian Toledo.

El fiscal explicó que en los hechos ocurridos el lunes "no hay una situación de flagrancia, por lo que hay que tener la mayor cantidad de antecedentes, se están investigando grupos antisistémicos sin jerarquía. Son distintos grupos", dijo.

Sobre los sospechosos del atentado que fueron registrados por las cámaras de seguridad del lugar, Guzmán dijo que se han determinado las características físicas de los mismos que, de acuerdo con los primeros antecedentes, serían al menos tres.

El atentado en las inmediaciones de la estación del Metro Escuela Militar en la zona oriente de Santiago ha sido el más grave que se ha registrado en el país en décadas.

El Gobierno de Michelle Bachelet se reunió este miércoles con líderes políticos de distintos partidos para concitar unidad en las medidas que ha dispuesto para hallar a los culpables de la explosión.

Entre ellas se cuentan una modificación a la actual ley antiterrorista para hacerlas más eficaz y dotar de mayores recursos y atribuciones a la Agencia Nacional de Seguridad (ANI).