En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la Fundación española Presidente Allende (FPA) recurrió al Ciadi con una solicitud de arbitraje debido a la confiscación de "Clarín", que en el momento del golpe militar de 1973 era el de mayor circulación en Chile.

Madrid, EFE. El empresario español Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA) anunciaron que ejecutarán el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el caso del diario chileno "Clarín", incautado en 1973.

"Tras estudiar los pronunciamientos definitivos del Laudo arbitral de 2008", Víctor Pey y la FPA "han resuelto ejecutarlo", informan en un comunicado al que ha tenido acceso este lunes Efe en Madrid.

La nota, firmada por Pey y la fundación, dice que el laudo "declara a Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende propietarios del patrimonio de la empresa editora del diario Clarín (que sigue bajo ocupación militar ininterrumpida desde el 11 de septiembre de 1973), y condena al gobierno de Chile a indemnizar los daños y perjuicios y pagar parte de las costas del juicio arbitral".

También considera que la decisión del Comité ad hoc del Ciadi "ha creado la oportunidad de aumentar el monto de la indemnización que el laudo de 2008 había fijado en 10.132.690 dólares que la Administración Lagos regaló en 2005 a los partícipes de un fraude al Estado en torno a unos propietarios inventados para la ocasión".

Víctor Pey y la FPA anuncian asimismo que solicitarán "en su momento" en el Ciadi la constitución del Tribunal Internacional que tendrá por misión establecer la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados.

"En buen derecho debiera ser superior a la regalada a los falsos propietarios", afirma el comunicado.

Nada más conocerse la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones el pasado 19 de diciembre, los propietarios de la empresa editora del diario chileno "Clarín", incautado en 1973 por la dictadura de Augusto Pinochet, consideraron que la anulación del pago de la indemnización de 10 millones de dólares por parte del Estado chileno, "abre las puertas a un nuevo Tribunal de Arbitraje".

En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la FPA recurrió al Ciadi con una solicitud de arbitraje debido a la confiscación de "Clarín", que en el momento del golpe militar que Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.

La dictadura se apropió todos los bienes del periódico y su sede, en Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas y asesinatos por uno de los grupos represivos del régimen militar.

En su acción inicial ante el Ciadi, los demandantes solicitaron una indemnización de US$515 millones, que posteriormente aumentaron a US$797 millones a través de un recurso de revisión.

En su defensa, el Estado chileno limitó dicha indemnización a diez millones de dólares, lo que el organismo dictaminó en 2008, y posteriormente solicitó la nulidad del fallo condenatorio que ha sido ahora acogida por el tribunal.