El caso fue llevado al CIADI en 1997 por el empresario español Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario Clarín, que fue confiscado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, cuando era el de mayor circulación de Chile.

Santiago de Chile,EFE. El gobierno chileno consideró este viernes que la decisión de la justicia española de decretar un embargo de bienes a ese país por la incautación del diario "Clarín" en 1973 "no tiene ningún asidero legal".

Un juzgado de Madrid decretó el embargo de bienes de Chile para obligar a ese país a ejecutar el laudo arbitral de 2008 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

El caso fue llevado al CIADI en 1997 por el empresario español Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario, que fue confiscado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, cuando era el de mayor circulación de Chile.

En un laudo de 2008, el CIADI condenó a Chile por la confiscación del Diario Clarín, al violar el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Chile, le impuso una indemnización de US$10 millones y le obligó a pagar las costas.

Esta decisión fue recurrida por Chile y en diciembre de 2012 el CIADI confirmó todos los puntos excepto la indemnización, que será fijada por el tribunal internacional en una decisión ulterior.

Con el argumento de que Chile no ha pagado hasta el momento las costas, los propietarios del diario llevaron el caso a los tribunales en España, que ahora han ordenado el embargo de bienes por unos US$5 millones en concepto de principal, intereses vencidos y los que puedan devengarse.

Sin embargo, el gobierno chileno replicó este viernes que no ha sido notificado ni de la presentación de esa acción judicial ni de su resolución, conocida hoy.

Además, defienden que el proceso no ha culminado porque el 1 de febrero de 2012 interpusieron en Estados Unidos, ante el CIADI, un recurso que tiene por objeto aclarar cuáles son los montos que se adeudan en costas, que sería diferente al fijado por la justicia española.

Según un comunicado el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), ese monto no se puede calcular fácilmente, ya que deben compensarse resoluciones en materias de costas contrarias a ambas partes dictadas en diferentes incidentes y aplicarse los intereses correspondientes.

"Existen costas que no solamente son imputables a Chile, sino que el señor Pey y la Fundación Salvador Allende también nos adeudan costas" de fases procesales anteriores, explicó a Efe Matías Mori, vicepresidente ejecutivo del CIE.

"Nos llama la atención esta noticia, que a nuestro juicio no tiene ningún asidero legal. No hemos sido notificados y existe un recurso pendiente en contra de la sentencia, por tanto mal podría ser ésta ejecutada", recalcó el alto funcionario.

Mori subrayó que "Chile es un país que está comprometido al cumplimiento fiel e íntegro de todos los fallos de tribunales internacionales".

"En ese espíritu de buena fe, nosotros presentamos un recurso en Estados Unidos para determinar de manera precisa cuánto son los montos que efectivamente se adeudan. Entonces mal podría ser interpretado esto como una negativa al pago", remarcó.