El canciller chileno, Heraldo Muñoz, junto a los agentes Felipe Bulnes y Claudio Grossman, sostuvo en París una reunión con el equipo de juristas extranjeros contratados para responder a la demanda boliviana.

Chile reforzó con dos expertos su equipo jurídico para enfrentar la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entre ellos un exdirector jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos. Paralelamente, aún analiza la posibilidad de plantear o no la incompetencia de la corte, informó el canciller chileno Heraldo Muñoz.

El funcionario, junto a los agentes chilenos Felipe Bulnes y Claudio Grossman, sostuvo ayer en París una reunión con el equipo de juristas extranjeros contratados para responder a la demanda boliviana que busca sentar a Santiago a negociar una salida soberana al Pacífico en función a los derechos expectaticios creados por ofrecimientos de solución.

La administración de la presidenta Michelle Bachelet formó inicialmente un equipo de 35 expertos para diseñar la estrategia jurídica. A este equipo fueron sumadas la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto, y Harold Koh, ex director jurídico del Departamento de Estado de EE.UU. bajo la administración de Bill Clinton, informó este martes el portal digital de La Tercera.

“Hemos tenido una discusión muy intensa, muy animada, respecto de la probabilidad de realizar una objeción a la competencia de la corte. Y si fuese el caso, hemos examinado las distintas hipótesis respecto de si esa objeción se haría dentro de los 90 días de manera preliminar o en una suerte de capítulo de la contramemoria, es decir, de la respuesta que daría Chile hacia el 18 de febrero del próximo año”, explicó el ministro.

El gobierno de Evo Morales decidió llevar el diferendo marítimo a la CIJ ante la falta de respuestas de Santiago a una demanda de una salida soberana al Pacífico, arrastrada desde 1879 tras la invasión y posterior guerra del Pacífico.

El 15 de abril fue entregada la memoria, con argumentos históricos y jurídicos, de la demanda presentada el 24 de abril. Santiago tiene 90 días, a partir de esa fecha, para objetar la competencia de la Corte en este caso y, de no hacerlo, queda en curso el plazo para que presente la contramemoria, en febrero de 2015.

Muñoz consideró necesario evaluar con serenidad los próximos pasos y dijo que Bachelet tendrá la última palabra sobre el curso de la acción jurídica, aunque calificó señaló que es ‘prácticamete absurdo’ el reclamo de derechos expectaticios. “Ninguna propuesta en una negociación puede significar una obligación si esas negociaciones fracasan”, afirmó.

Morales reafirmó el viernes 16 la competencia de la CIJ y advirtió que si Chile opta por la incompetencia se ubicaría “al margen del marco que rige el derecho internacional”. La posición la expresó frente a la inclinación de expresidentes chilenos de objetar la competencia, como estrategia jurídica.