Aunque declinó ahondar en el tema, vocero de gobierno señaló que cuando se es funcionario público hay que atenerse a las exigencias sobre patrimonio, en tanto que el timonel del PPD, Jaime Quintana, dijo desconocer eso, pero que no es delito adquirir bienes raíces.
“No creo que le corresponda al Gobierno estar pronunciándose sobre cada uno de los hechos que incluso ocurren en la vida privada”, fue la primera impresión que emitió el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado por el predio de cerca de $300 millones que adquirió el ex ministro Rodrigo Peñailillo junto a algunos asesores en 2012 y que no declaró cuando asumió en Interior en 2014.
Y es que además de los dos viajes que le pagó el operador político Giorgio Martelli al ex secretario de Estado para visitar en Nueva York a la Presidenta Michelle Bachelet y convencerla de que fuera candidata a La Moneda por segunda vez, el portavoz del Ejecutivo tuvo que responder también por el bien raíz que el ex brazo derecho de la Mandataria compró junto al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, y el asesor Flavio Candia en Peñalolén y que no aparece en la declaración de patrimonio de la ex autoridad.
Aunque Díaz aclaró que “no vamos a comentar cada uno de los hechos que aparecen en la prensa”, ante la insistencia de los medios contesto que si estos bienes “no se han declarado y hay una obligación de declarar, por cierto se comete una infracción”.
“Si esto es así, efectivamente habrá que tomar las decisiones que correspondan. Ahí están no solamente las decisiones del Gobierno sino que las leyes que regulan, en este caso, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos a los que todos estamos afectos, especialmente hoy día en que hay un instructivo que aumenta las exigencias sobre ese tipo de declaración”.
Requerido por la misma situación el timonel del Partido por la Democracia y senador Jaime Quintana, sólo se limitó a señalar que se enteró por la prensa de esta información publicada por The Clinic Online, “comprar terrenos no creo que sea un delito para nadie; no declararlos, no sé cuál es la modalidad bajo la cual los compró, si está a nombre de él o quién tendría que haberlo declarado”.
