El ministro de Justicia dijo que el Estado se defenderá en el caso que puso bajo tela de juicio la actuación militar en una operación que recibió elogios porque culminó con el rescate de unas 70 personas secuestradas en la residencia del embajador de Japón en Lima.

Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra el Estado peruano por una supuesta ejecución extrajudicial a un rebelde durante un rescate de rehenes en 1997, informó el jueves el Gobierno, en un caso que puso en el tapete la situación de los derechos humanos en el país.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo al dar la información que el Estado se defenderá en el caso que puso bajo tela de juicio la actuación militar en una operación que recibió elogios porque culminó con el rescate de unas 70 personas secuestradas en la residencia del embajador de Japón en Lima.

Según la denuncia, el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, "Camarada Tito", un rebelde del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que fue abatido por militares cuando ya estaba rendido.

"Queremos anunciar (...) que ya llegó la notificación de la Corte Interamericana admitiendo el caso Cruz Sánchez contra el Perú", dijo Jiménez en conferencia de prensa.

"Nosotros estamos listos para poder afrontar este caso. Tenemos las herramientas jurídicas, tenemos las pruebas, tenemos la posibilidad de garantizar un juicio donde el Perú va a defenderse", agregó.

Los militares que participaron en la operación de rescate han sido catalogados como "héroes" por el actual gobierno del presidente Ollanta Humala, un comandante del ejército retirado.

La denuncia se da a partir de las declaraciones de un funcionario de la embajada japonesa en Perú quien afirmó que, tras el rescate, vio con vida al camarada Tito, con las manos amarradas y tirado en el suelo boca abajo, en un jardín contiguo a donde habían llevado a algunos rehenes liberados.

Según la Comisión de la Verdad encargada de elaborar un informe sobre la violencia armada interna entre 1980 y el 2000, el funcionario japonés Hidetaka Ogura afirmó que Cruz "intentó hablar levantando su cabeza y un policía armado que estaba de custodia, pateó su cabeza y ésta empezó a sangrar".

"Unos minutos después, apareció un militar del túnel e hizo levantar a Tito y lo llevó a la residencia", agregó el funcionario japonés según el informe de la comisión.

Este caso, en el que se ha señalado directamente a los comandos militares Chavín de Huántar, también fue admitido por la fiscalía peruana hace 10 años y aún continúa en proceso en el Poder Judicial.

El ministro de Justicia dijo que nombró al jurista Pedro Cateriano como agente de la defensa peruana ante la CIDH, con sede en Costa Rica.

"Tenemos que persuadir y convencer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el propósito del trabajo realizado por el comando Chavín de Huántar fue rescatar con vida a los rehenes que en ese momento se encontraban en manos del MRTA", afirmó Cateriano.

Expertos en el caso afirman que la denuncia no es en contra de los comandos Chavín de Huántar, sino de otro grupo militar que entró a la residencia tras el rescate y habría ejecutado extraoficialmente a por lo menos tres rebeldes rendidos.

En los últimos años, Perú ha tenido una relación tensa con la CIDH debido principalmente a recomendaciones vinculadas a presuntos abusos a los derechos humanos en al país andino.

En el caso de ejecuciones extrajudiciales previas, la CIDH ha recomendado a Perú agotar las investigaciones para determinar responsables del caso e indemnizar a los familiares de las presuntas víctimas de abusos a los derechos humanos.