A través de su “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, la CIDH expone que en México, a través de la aplicación de esta figura jurídica en algunos estados, se criminaliza la protesta social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhibió que el Estado Mexicano emplea la figura “flagrancia equiparada” como estrategia para criminalizar la protesta social.
A través de su “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, que será presentado en Washington, Estados Unidos la próxima semana, la CIDH expone que en México, a través de la aplicación esta figura jurídica en algunos estados, se criminaliza la protesta social, pues es empleada para justificar detenciones masivas sin que éstas personas hayan sido detenidas realmente en flagrancia y sin vínculos ni objetos relacionados con el hecho perseguido.
Estas detenciones se ven agravadas por la imposibilidad de muchas personas de pagar las altas fianzas de excarcelación que se les fijaban. Lo que, a decir de la CIDH, constituye un ejemplo de cómo la imposibilidad de aportar una fianza puede ser utilizada como medida de represión contra determinados grupos.
La CIDH reporta que México es el tercer país de la región, luego de Estados Unidos y Brasil en cantidad de personas privadas de su libertad. En los 419 centros penitenciarios del país alberga una población penal de aproximadamente 242,000 personas, de las cuales, 95% son hombres y el 5% mujeres. Del total de personas encarceladas, 79% lo son por delitos del fuero común y 21% del federal. Tomando en cuenta que la capacidad instalada es de 188.000 plazas, México tiene un nivel general de hacinamiento del 26%.
La CIDH expone en su informe que la aplicación generalizada de la prisión preventiva no sólo implica afectaciones concretas en personas individuales, sino que conlleva un importante costo financiero para los Estados.
En el caso mexicano, la Comisión estima que el costo total promedio de la prisión preventiva, tomando como parámetro el 2006, momento en el que la población penal era de más de 92.000 presos preventivos, fue de más de 5,794 millones de pesos. Este cálculo incluye: manutención de los detenidos, costos del proceso penal, provisión de salud a familiares de los detenidos y contribuciones de empleadores a la seguridad social.
Sin embargo, el costo social total promedio que esto implicó ascendió a más de 9.755 millones de pesos (US$738,3 millones). Esto incluye: el referido costo para el Estado más los costos para los detenidos, sus familiares, y para la comunidad.
Presos son condena. El informe señala que más del 40% de la población penitenciaria está constituida por presos sin condena, es decir, poco más de 100.000 personas; las cuales se encuentran expuestas a motines, fugas, violencia, consumo de drogas y homicidios. El sistema penitenciario enfrenta también el riesgo de los autogobiernos imperantes en las cárceles.
Entre las causas del alto porcentaje de presos sin condena, la señala a la mora judicial y la amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales en los que el objeto es de poca cuantía. Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo 9,233 personas por presuntos vínculos con el crimen organizado, de las cuales, en ese periodo, sólo 1,059 fueron consignadas y 377 puestas en libertad.
La CIDH puntualizó que en el curso del 2013 este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) continuó recibiendo información preocupante acerca de la práctica de exhibir en los medios de comunicación a personas investigadas.
