La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido 117 denuncias de agresiones a la libertad de expresión, como el arresto el pasado viernes del periodista Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias, y de Lucía Pineda, la jefa de prensa de ese medio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su "seria preocupación" por la "intensificación" de las acciones del Gobierno nicaragüense para acabar con los "últimos espacios disponibles" destinados al ejercicio de la libertad de expresión.
La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se expresó así durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tras las acciones tomadas contra medios como el canal 100% Noticias, críticos con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
"Hay una seria preocupación porque en días pasados el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos y, en especial, de la libertad de expresión", afirmó Arosemena de Troitiño.
De acuerdo a sus datos, la CIDH ha recibido 117 denuncias de agresiones a la libertad de expresión, como el arresto el pasado viernes del periodista Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias, y de Lucía Pineda, la jefa de prensa de ese medio, que aún están detenidos y afrontan cargos por "fomentar" el odio.
Mora gozaba de medidas cautelares de protección por parte de la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
La comisionada presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. Ese documento fue lanzado la semana pasada en Washington y, en este, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
El pasado 19 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua dio por concluida la presencia en el país de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que vigilaba la situación de los derechos humanos, y del GIEI, que tenían como objetivo ayudar en las investigaciones judiciales.