Estados Unidos cuenta actualmente con tres centros de detención de familias gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).
San Antonio (EE.UU.). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves al gobierno de Estados Unidos el cierre de los centros de detención para inmigrantes tras una visita de cuatro días a la frontera con México para evaluar la situación de las familias y niños provenientes de Centroamérica.
Estados Unidos cuenta actualmente con tres centros de detención de familias gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).
El ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DSH), anunció recientemente la apertura de un nuevo centro en Dilley (Texas) con capacidad para 2.400 personas, por lo que los cuatro centros en pleno rendimiento podrían albergar a cerca de 4.000 inmigrantes indocumentados.
El vicepresidente segundo de la CIDH, el chileno Felipe González, que participó en la visita al sur de Texas (EE.UU.), alertó en una entrevista con Efe que la apertura de estos centros es un "retroceso" en la política migratoria de EE.UU. y "una respuesta inadecuada" a la crisis humanitaria, ya que la detención de inmigrantes, en especial de niños, vulnera los derechos humanos básicos.
Desde 2009, con el emblemático cierre del T. Don Hutto (Texas), un antiguo presidio, en EE.UU. no hubo centros de detención para familias inmigrantes, pero la oleada de los últimos meses provocó la decisión del Gobierno de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.
Según datos oficiales, más de 66.000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares han cruzado la frontera sur de EE.UU. huyendo la mayoría de la violencia y la pobreza en sus países de origen, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras.
"La detención de personas migrantes tiene que ser la excepción y no la regla", dijo González, quien lamentó que en Estados Unidos esta práctica está "muy extendida".
Además, el vicepresidente segundo de la CIDH alertó que la reapertura de estos centros de detención, que en su opinión son "una respuesta inadecuada para una emergencia", puede convertirse en "una política permanente" del Gobierno una vez superado el máximo flujo migratorio, que sucedió antes del verano.
"Hay indicios de que EE.UU. vuelva a usar la detención de niños con familias que se había dejado atrás. Mientras piensen que esto sirve de prevención va a continuar esa práctica", lamentó el comisionado.
Según González, el gobierno estadounidense está "apuntando a un objetivo equivocado", ya que a raíz del cierre del último centro de detención en 2009 no hubo una oleada masiva de inmigrantes, por lo que las causas del aumento del flujo en los últimos meses responde a "otras causas" y no a la ausencia de establecimientos de este tipo.
Entre los motivos señalados por González están "las diferentes formas de violencia, la pobreza, la inequidad y los efectos de los desastres naturales en los países de origen", por lo que la detención en Estados Unidos supone "un trauma" para las familias, compuestas tanto por migrantes como por refugiados o víctimas del tráfico de personas.
Los comisionados de la CIDH recibieron en su visita diversas denuncias sobre la situación dentro de los centros de detención, como abuso sexual, malnutrición de los niños, dificultades para hacer llamadas o la separación de los miembros de una misa familia en diferentes unidades del establecimiento.
González cuestionó, además, que la llegada de las familias a centros de detención más que seguir un criterio jurídico es una "cuestión de azahar" o una "lotería", ya que depende de la capacidad del establecimiento en ese momento, es decir las camas libres que tenga.
La CIDH concluyó hoy una visita de cuatro días al sur de Texas en la que también constató una falta de garantías jurídicas de los inmigrantes para defender su situación legal y recogió denuncias de abogados y la sociedad civil sobre la situación en la que se encuentran las personas que cruzan la frontera.
