La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que los nuevos datos incluyen a otras 27 víctimas mortales, situando en 355 la cifra de decesos relacionados con las medidas para sofocar las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado una actualización del registro de muertes en el contexto de la crisis en Nicaragua, iniciada en 2018, a causa de la persecución por parte de las fuerzas de seguridad del país en el marco de las protestas contra el Gobierno.

Según los nuevos datos recabados, la cifra de decesos se sitúa ahora en 355, si bien anteriormente era de 228 fallecidos en relación con las medidas puestas en marcha para sofocar las manifestaciones contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, entre abril de 2018 y julio de 2019.

Así, tal y como indica la CIDH en un comunicado, los nuevos datos incluyen a otras 27 víctimas mortales. Del total de 355.340 son hombres y otras 15 son mujeres, si bien también hay 27 menores de edad.

Por otra parte, se estima que unos 34 agentes de las fuerzas de seguridad han perdido la vida en estas protestas. La CIDH ha aprovechado la ocasión para subrayar que se ha logrado cotejar los datos recabados por parte del Gobierno con los ofrecidos por organizaciones independientes.

A raíz de la crisis registrada en el país, la CIDH ha comprobado que se ha incurrido en un uso excesivo de la fuerza, lo que incluye la "fuerza letal por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales".

En este sentido, ha recordado al Gobierno "su obligación de investigar" todos los actos de violencia cometidos en el marco de la crisis sociopolítica y recomienda "adoptar medidas para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de "mantener y publicar información precisa y fidedigna sobre las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos" por parte del Estado y ha reiterado su permanente disposición a "cotejar la información obtenida y colaborar y prestar la asistencia técnica necesaria que contribuya a restablecer la plena vigencia de los Derechos Humanos en el país".