El aborto en Chile es punible con hasta cinco años de prisión, aunque la mayoría de las mujeres reciben otros castigos, como multas.

Valparaíso. El intento de la presidenta Michelle Bachelet por flexibilizar la estricta legislación sobre el aborto en la conservadora sociedad chilena ha generado una grieta dentro de la coalición de gobierno y elementos clave de la reforma podrían ser descartados.

Legisladores del partido Demócrata Cristiano, pieza clave en el bloque oficialista Nueva Mayoría, dijeron a Reuters que menos de un tercio de sus 21 legisladores en la cámara baja del Congreso apoya plenamente la propuesta.

Esto significaría que Bachelet y su Partido Socialista no cuentan con los votos necesarios para aprobarla.

Chile es uno de los seis países en el mundo con prohibición total del aborto, que fue legal para algunos casos pero abolido por el general Augusto Pinochet al final de su dictadura, que se extendió entre 1973 y 1990.

Bachelet prometió la reforma cuando fue electa por segunda vez en 2013, pero sus índices de aprobación han caído después de recientes escándalos sobre financiamiento inrregular a políticos y una acusación de tráfico de influencias contra su hijo.

En Chile, donde el divorcio fue legalizado recién en el 2004 y las uniones de parejas del mismo sexo se permitirán a partir de este año, un sondeo del año pasado reveló que el 70% de los chilenos apoya el aborto en circunstancias extraordinarias.

La propuesta de Bachelet permitiría el aborto si la vida de la madre está en peligro, si un feto es inviable o cuando el embarazo es resultado de una violación.

Pero el proyecto de ley ha provocado amargas disputas dentro del gobierno, poniendo en peligro partes fundamentales de la reforma.

"Una gran mayoría del partido tiene dudas sobre al menos una de las tres causas (para permitir el aborto)", dijo Víctor Torres, uno de los dos demócratacristianos en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y partidario de la reforma.

"En este momento sólo tenemos seis diputados que apoyan el proyecto de ley completo", agregó Torres, quien señaló que una "gran mayoría" de los legisladores de su partido se oponen al aborto en casos de violación.

Algunos legisladores dicen que los demócratacristianos tratarán de eliminar la posibilidad de un aborto en caso de violación y garantizar que el padre tenga participación en la decisión sobre la terminación de un feto inviable.

"La condición de violación probablemente será rechazada", dijo Matías Walker, vicepresidente de la Democracia Cristiana.

"En cuanto a la viabilidad fetal, creemos que esto va a pasar pero sólo cuando el padre, cuando sea posible, tenga derecho a opinar", agregó.

Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, apoya la reforma y cree que la condición de violación se aprobará después de un debate.

Añadió que el proyecto sufriría algún ajuste pero que una modificación sobre el consentimiento paterno sería "difícil de aceptar."

Partidarios del plan de Bachelet se oponen a la idea de que una mujer necesite permiso para interrumpir un embarazo.

"Padres, hermanos, médicos, ¿cómo van a decirte qué hacer con tu cuerpo si no han experimentado lo que están hablando?", dijo Andrea Quiroga, una contadora que se vio obligada a esperar la muerte del feto con una enfermedad terminal en su vientre antes de que los médicos actuaran.

La aprobación a Bachelet se hundió a 27% en junio y corre el riesgo de perder capital político sobre el proyecto de ley de aborto.

Además, podría obligarla a diluir otras reformas, incluyendo un plan para fortalecer la protección de los trabajadores con las nuevas leyes laborales y una reforma del sistema educativo.

"Va a ser difícil convencer a los demócratacristianos, que son relativamente conservadores, de apoyar otros planes después de esta pelea", dijo Esteban Valenzuela, director de Ciencias Políticas en la Universidad Alberto Hurtado.

Chile, El Salvador, Nicaragua, Malta, República Dominicana y la Santa Sede prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia.

El aborto en Chile es punible con hasta cinco años de prisión, aunque la mayoría de las mujeres reciben otros castigos, como multas.

Sudamérica ha visto una cautelosa liberalización sobre el aborto con reformas en países como Argentina, Colombia y Bolivia. En 2012, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina -tras Cuba- en legalizar el aborto para todas las mujeres.

Pero para la oposición conservadora de Chile, los cambios en otras partes son irrelevantes.

"Mientras el mundo estaba bajo la esclavitud, Chile fue el primer país abolicionista", dijo el diputado Jorge Rathgeb del opositor partido Renovación Nacional.

"Cuando todo el mundo hace algo diferente, eso no significa que debamos hacerlo también", agregó.