El interés del actual gobierno por alcanzar la paz con los grupos insurgentes supone un reto para la Unidad de Restitución ya que los resultados obtenidos hasta ahora pueden ser replicados en un futuro cercano con las víctimas de las guerrillas, explicó el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.

Cincuenta familias del departamento del Magdalena en el norte de Colombia ejecutan proyectos productivos bajo la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras del país andino que busca reparar a las víctimas del paramilitarismo que por dos décadas ocasionó en la región el desplazamiento de miles de personas.

Con el desarrollo de programas encaminados a la consolidación de la convivencia pacífica y al bienestar de las personas que entre 1997 y 2006 fueron víctimas de bloques paramilitares, el Estado colombiano ha destinado una cifra superior a los US$500.000.

Más de mil hectáreas fueron devueltas a las familias que fueron despojadas por órdenes del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, hoy preso en una cárcel de los Estados Unidos.

En entrevista con Xinhua, César Augusto Escorcia, desplazado por la violencia y beneficiario del programa de restitución en Chibolo, recuerdó cómo el comandante paramilitar, que se desmovilizó en marzo de 2006 junto a miles de sus hombres, generó zozobra en la comunidad para apoderarse de sus tierras.

"Al comienzo entraban cada ocho días, mataban a un campesino y les decían a los demás 'trabajen que el que trabaja no come paja', después reunieron a toda la comunidad y nos dieron ocho días de plazo para salir. Un campesino dijo que era muy poquito y a él le dio cuatro, le dijo 'a usted le doy cuatro, he matado a más de un pastor, matar otro no me cuesta'", recordó.

Escorcia señaló que pasaron los cuatro días y de madrugada paramilitares mataron al campesino que se negó a irse frente a la iglesia forzando la huida de los demás habitantes del pueblo.

"Nosotros por miedo recogimos todo lo que podíamos coger y nos fuimos, a medida que íbamos saliendo nos iban quemando las viviendas", dijo el campesino, que retornó a su tierra y espera que las nuevas generaciones en Colombia no tengan que verse enfrentados a una situación como la suya.

Dentro de los programas desarrollados por la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, se encuentra la adecuación de la que fuera la casa donde el ex jefe paramilitar impartía órdenes a los campesinos de la región para desocupar las viviendas.

La construcción, llamada "Casa del Balcón", que durante cerca de 20 años fue símbolo de muerte y terror entre los campesinos, es hoy la sede comunitaria donde se analizan los proyectos productivos amparados por el Estado.

El lugar hace las veces de museo de la memoria en donde la comunidad pretende educar a los más jóvenes acerca de un pasado que esperan no vuelva a repetirse.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, dijo a Xinhua que el trabajo adelantado desde 2012, año en que entró en vigencia la Ley de Restitución, ha sido arduo teniendo en cuenta que se ha desarrollado en medio del conflicto armado.

El funcionario aseguró que la ejecución de esta ley ha superado las expectativas al ser la primera ley transicional con demostrada eficacia en materia de adjudicación de títulos y la garantía de seguridad para las personas beneficiadas.

"En este momento nosotros tenemos presencia en veinte departamentos, en estos veinte departamentos hemos recibido cerca de las 65.000 reclamaciones, de las 65.000 reclamaciones estamos gestionando entre 24.000 y 25.000", dijo.

"Hay zonas en que ya hay todo un alistamiento de seguridad para que la gente pueda volver y allí estamos obviamente midiendo predios y escuchando familias, y los jueces de la República ya tienen en sus despachos cinco o seis mil casos sobre los cuales están dictando sentencias a diario. En el país dos familias recuperan su tierra diariamente", agregó.

Sabogal dijo además que aunque la Unidad de Restitución ha enfrentado algunos obstáculos de agentes armados que están en contra de la restitución, el mayor reto ha sido crear una institucionalidad en lugares donde los predios fueron adjudicados a testaferros y en donde la presencia estatal brillaba por su ausencia.

También recalcó que el interés del actual gobierno por alcanzar la paz con los grupos insurgentes supone un reto para la Unidad de Restitución ya que los resultados obtenidos hasta ahora pueden ser replicados en un futuro cercano con las víctimas de las guerrillas.

"Este programa es una punta de lanza de lo que debe ser un programa reparador a comunidades, restitutivo y lo que uno espera es que haya acuerdo de paz y que el acuerdo de paz allane la aplicación de este tipo de políticas en otras zonas en donde hasta ahora no hemos podido entrar", precisó.

Los programas de la unidad de restitución abordan también aspectos como la generación eléctrica a través de paneles solares, la construcción de aljibes o estanques para el almacenamiento del agua y la instauración de sembradíos de alimentos para consumo interno de la comunidad.

También se ha hecho énfasis en el mejoramiento de potreros y proyectos productivos con visión ganadera.

Los habitantes de Chibolo esperan que esta ley cobije equitativamente a todas las víctimas del país andino para que puedan dejar atrás el pasado de más de cincuenta años de guerra, que se espera terminen cuando se firme un acuerdo definitivo de paz con la guerrilla del ELN y el de las FARC, que ya se adelanta en La Habana, Cuba.

Según la Consultoría para Derechos Humanos en Colombia, en el periodo comprendido entre 1996 y 2012 más de 4,7 millones de personas fueron desplazadas por la violencia.