El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha cifrado en un total de 173 los ex guerrilleros de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. De ese total, 77 fallecieron en 2019.

Bogotá. El pasado 2019 se ha convertido en "el año más violento" para los ex guerrilleros de las FARC desde la firma en 2016 del acuerdo de paz que permitió la conversión del grupo armado en partido político poniendo fin a más de medio siglo de conflicto armado.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha cifrado en un total de 173 los ex guerrilleros de las FARC asesinados en estos tres años, a los que se suman 14 desapariciones y 29 tentativas de asesinato.

Solo en 2019 fueron asesinados 77 antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, frente a los 65 de 2018 y los 31 de 2017, lo que lo convierte en "el año más violento" para ellos, de acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de la ONU.

La ONU ha llamado la atención sobre el asesinato de Alexander Parra, alias 'Rodolfo Fierro', ocurrido el pasado 24 de octubre en una de las zonas donde se concentraron los ex guerrilleros de las FARC para dar el paso a la vida civil.

"Este asesinato fue el primero ocurrido dentro del anillo de protección de uno de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y, por tanto, agravó la percepción de inseguridad de los ex miembros de las FARC", ha apuntado Naciones Unidas.

Asimismo, ha enfatizado que 'Rodolfo Fierro' fue asesinado tan solo unos días antes de las elecciones locales y regionales del 27 de octubre, a las que su mujer, Luz Marina Giraldo, también ex guerrillera, concurría como candidata del partido FARC.

Más víctimas. La Misión de Verificación ha alertado igualmente sobre la violencia contra líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos. Desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados al menos 303, 86 de ellos en 2019.

El doble asesinato del matrimonio de activistas medioambientales Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve conmocionó a los colombianos en vísperas de Navidad. Desaparecieron el 20 de diciembre en plena luna de miel y fueron encontrados tres días después con las cabezas encapuchadas, las manos atadas y tiros de gracia.

La violencia se ha cebado especialmente con las comunidades nativas. La Guardia Indígena, que vela por la seguridad en las reservas indígenas, ha sufrido varias bajas en su intento de frenar la infiltración de grupos armados en estas tierras.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al menos 198 indígenas han muerto de forma violenta desde 2016, la mayoría en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia.

La ONIC expresó en diciembre su "inmensa preocupación" por la situación de violencia en cinco localidades del oeste de Antioquia por "la constante presencia de grupos armados al margen de la ley en territorios indígenas que ponen en peligro a las comunidades".

"Recordamos con dolor a la opinión pública que nuestras comunidades indígenas han sido demasiado azotadas por el conflicto armado y, por si no fuera suficiente, hoy persisten factores de violencia que ponen en alto riesgo la vida de nuestras mujeres y hombres indígenas", denunció.

"La presencia de grupos armados ilegales en los territorios étnicos sigue teniendo consecuencias devastadoras", ha coincidido Guterres, mencionando en particular los homicidios, los desplazamientos y los reclutamientos forzados, incluidos de menores de edad.

Otro de los colectivos afectados por la renovada violencia que sufre Colombia han sido los candidatos a las elecciones locales y regionales. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), hubo 230 víctimas de "violencia electoral" entre octubre de 2018 y octubre de 2019, incluidos 22 asesinatos y dos desapariciones.

Los otros conflictos. Guterres ha culpado de estos crímenes a los grupos armados presentes "en áreas donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas ha hecho que las comunidades sean vulnerables a las economías ilícitas".

Colombia ha puesto fin a la guerra con las FARC pero hay otros conflictos armados en marcha que protagonizan las disidencias de las FARC, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

A los habituales enfrentamientos entre estos grupos armados y las tropas colombianas se han sumado los choques entre grupos rivales para hacerse con los antiguos negocios de las FARC, como el narcotráfico, la extorsión o la minoría ilegal.

En 2019 también ha resurgido el fantasma de los 'falsos positivos', como se conoce popularmente a los casos de civiles asesinados por las fuerzas de seguridad que son presentados como guerrilleros o criminales caídos en combate para obtener ventajas laborales.

El 'New York Times' publicó en mayo una información basada en fuentes militares según la cual el comandante del Ejército, Nicasio Martínez, que abandonó el cargo el pasado viernes por "motivos familiares", dio órdenes a la tropa de mejorar sus cifras, sin distinguir entre capturas y bajas.

Un mes antes, el pasado 22 de abril, el ex guerrillero de las FARC Dimar Torres murió en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, por los disparos del cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, que ha sido condenado a más de 20 años de cárcel.

La Misión de Verificación ha señalado dificultades a la hora de acabar con las estructuras que están detrás de los ataques a ex guerrilleros de las FARC. "Solo 9 de los 67 sospechosos detenidos son los autores intelectuales", ha precisado.

Acelerar el proceso de paz. Así las cosas, Guterres ha hecho un llamamiento a implementar el acuerdo de paz, confiando en que ello permitirá mejorar "las perspectivas de paz y prosperidad del país" porque ya ha propiciado "cambios positivos".

En concreto, ha reclamado al Gobierno de Iván Duque "medidas más efectivas para proteger la vida" de los ex guerrilleros, los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos.

En el caso de los ex guerrilleros, la ONU ha abogado por "una visión más a largo plazo para sus proyectos productivos", que van desde el cultivo de café a la confección de ropa, para garantizar su "sostenibilidad y viabilidad" y con ello su modo de vida fuera de la lucha armada.

Asimismo, la Misión de Verificación ha animado a seguir aplicando "un enfoque comunitario para que los proyectos productivos involucren y beneficien a las comunidades locales, lo que a su vez ayudará a promover la reconciliación y un desarrollo social más amplio".

Guterres también ha recomendado a las partes a acudir cuantas veces sea necesario a la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación para "lograr soluciones comunes". "El diálogo continuo es esencial para que las partes en el acuerdo (de paz) puedan superar las diferencias respecto a su implementación", ha subrayado.