El gobierno colombiano sabe que ésta es la única opción para desactivar la apremiante situación de los últimos días en la zona, pero llega a la mesa de negociación con la convicción de que la presencia de las Fuerzas Armadas en la región es también su inamovible.
La crisis del Cauca está en suspenso y la pugna por el control del cerro Alto Berlín, en el municipio de Toribío, en veremos. A partir de este domingo, con la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel, con voceros del gobierno provistos de facultades decisorias y las autoridades indígenas validados por sus comunidades, se buscará una solución definitiva para un delicado escenario que ya ajusta tres semanas de tensión. Pero de entrada se sabe que no será un asunto fácil por los múltiples intereses detrás de una confrontación con raíces históricas.
El punto de partida antes de cualquier discusión lo constituyen tres postulados de las autoridades indígenas que por ahora tienen carácter de inamovibles. Su decisión de seguir ejerciendo derecho al control territorial de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; la conminación a la Fiscalía para que se abstenga de judicializar a quienes participan en las acciones de dominio de los territorios, y la exigencia al gobierno de que no siga haciendo señalamientos a sus comunidades como supuestos aliadas de grupos ilegales.
A su vez, el gobierno, representado por el alto consejero presidencial para Asuntos Políticos, Aurelio Iragorri Valencia, sabe que el diálogo es la única opción para desactivar la apremiante situación de los últimos días en el Cauca, pero llega a la mesa de negociación con la convicción de que la presencia de las Fuerzas Armadas en la región es también su inamovible. Un pulso de fuerzas contrarias en el que serán claves los mediadores de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Detrás de una o de otra pretensión es claro que las decisiones van a pasar por el otro protagonista en la región, que por obvias razones no está invitado al diálogo: las FARC. De alguna manera, cualquier eventual cesión del gobierno en sus deberes de seguridad en la región es terreno ganado para la insurgencia. Pero creer que la única solución sea la presencia de la Fuerza Pública es seguir dilatando la principal razón de la débil institucionalidad en el Cauca: el atraso social, la pobreza y, en general, la ausencia histórica del Estado.
Un conocedor a fondo de la problemática en la zona, el abogado y experto ambientalista caucano, Gustavo Wilches, quien además dirigió la corporación Nasa Kiwe, creada en 1994 para ayudar a las comunidades indígenas afectadas con el terremoto de la región Paez de ese mismo año, la tiene clara. En su criterio, la única salida es el diálogo y los caminos de solución a inmediato plazo, que se cumpla con las expectativas de inversión pública, de acompañamiento social y de reconocimiento de la legitimidad de los indígenas.
Wilches sostiene que fortalecer la capacidad de autonomía indígena en la región no les quita autoridad al Estado o a las Fuerzas Militares, más aún si se parte de admitir que no se trata de una crisis nueva, sino de la lucha de un grupo étnico con muchos años de esfuerzos. Pero eso sí, recalca Wilches, nada va a salir bien si desde los medios de comunicación o desde el mismo Estado se sigue echando leña al fuego, satanizando a las comunidades indígenas bajo la consideración de que son aliadas de las FARC.
Otro caucano con probada experiencia y conocimiento en el tema es el exministro Camilo González, hoy director de la organización social Indepaz, quien cree que si se atenúan las prevenciones de ambas partes, pueden salir a relucir las verdaderas tareas urgentes en el norte del Cauca. Por ejemplo, evaluar con un mapa de resguardos qué referencias poblacionales existen de cara al cumplimiento del DIH. Asimismo, analizar cómo se adecua el concepto de la propiedad privada colectiva a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Un tercer aspecto plantea mayor complejidad, pero en criterio de González, no puede descartarse. Se trata de examinar la opción de la consulta previa con los indígenas para escenarios de guerra. Una opción tan novedosa como compleja de aplicar. Lo demás es económico y pasa por la consolidación de un Plan Cauca, que en pocas palabras apunta a diseñar una política de Estado enfocada en el desarrollo de un territorio con una insostenible carga histórica de atraso. De alguna manera, se trata de una comunidad étnica a la que debe protegerse.
Camilo González recordó que alguna vez Manuel Marulanda Vélez bautizó la cordillera Central como “la autopista de la revolución”, resaltando la movilidad que esta zona le ha permitido históricamente a la guerrilla transitar hacia el Caquetá, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño. Por eso no es un tema fácil. “Las FARC llevan 50 años en el norte del Cauca y se mueven hábilmente por sus laberintos”, insistió González. En esa medida, de la noche a la mañana, no se puede pensar que el Estado llegue a convencer que la solución principal es militar.
El politólogo y abogado Ricardo García Duarte agrega que en puros cálculos de la guerra, la presencia de las Farc en el norte del Cauca no representa una acción masiva de guerra o de combates prolongados, sino hostigamientos para desesperar a las fuerzas del Estado y para que pierdan su confianza en el escenario regional. Hostigamiento como defensa activa, que representa un trabajo de desgaste y desmoralización de la tropa sin ofrecer un blanco fácil. Una forma de extender el conflicto armado y posicionarse ante las comunidades indígenas.
Más allá de las consideraciones políticas o económicas en las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas, en la crisis actual en el Cauca hay elementos poco evidenciados que necesariamente también van a determinar el futuro inmediato de esta región. En concreto, se trata del pulso que, al margen de la disputa con el Estado, hoy libran el tradicional Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), creado desde los años 70, y la Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia (Opic), que apenas lleva tres años de creado.
El Cric hoy aglutina los intereses de más de 200.000 indígenas en el Cauca, pero los observadores de la crisis de los últimos días notaron que cada vez que los indígenas rechazaron la militarización de sus territorios, la Opic salió a defender a la Fuerza Pública. El detalle está en el nacimiento de la segunda organización. Según consta en el acta de fundación de la Opic, sus principales gestores fueron el exministro del Interior Fabio Valencia y el entonces presidente Álvaro Uribe. Una división que también va a pesar en la mesa de diálogo.
Con una particularidad, una de las líderes de la Opic es Ana Cilia Secué, hija de Miguel Secué, uno de los fundadores del Cric y líder importante en los procesos de paz que condujeron a la desmovilización del M-19 y del Quintín Lame. Las dos organizaciones tienen diferencias notables en su naturaleza, estructura y forma de operar. El Cric insiste en su guardia y su justicia indígena, mientras la Opic pregona que su justicia es la del Estado y su seguridad la de las Fuerzas Militares. Una diferencia de criterios que va a pesar.
Un aspecto inédito que indirectamente juega en favor del Gobierno, cuyo vocero, el asesor presidencial Aurelio Iragorri Valencia, admitió que el hecho de haber logrado que se calmaran los ánimos en el Cauca y que la población indígena no siguiera atacando a la Fuerza Pública, ya fue importante. Además, después de que matan a un miembro de la comunidad indígena en Caldono y que se producen 30 heridos en la disputa por el cerro Berlín, la constitución de una mesa de diálogo ya representa un significativo avance.
En diálogo con El Espectador, Iragorri resaltó que tiene plena confianza en que a través del diálogo que empieza mañana se va a llegar a un acuerdo. “No queremos las FARC en ningún territorio. Eso es lo primero. Y tampoco vías de hecho. Hay que trabajar en los temas sociales”, precisó el asesor presidencial, quien cuenta con un ascendente clave para ejercer su misión: su bisabuelo Guillermo Valencia fue el contradictor del líder indígena Quintín Lame, su abuelo Guillermo León Valencia, presidente, y su padre, mucho tiempo congresista.
En otras palabras, protagonista por legado del histórico conflicto en el norte del Cauca que ahora está en el centro del debate público y que a partir de mañana volverá a ser el eje del acontecer noticioso en Colombia. Con un tema central por resolver, como lo identifica la catedrática en DIH y consultora en Derechos Humanos Doris Marcela Hernández: si bien el Estado cuenta con herramientas suficientes para individualizar responsabilidades penales o garantizar la presencia de la Fuerza pública, tiene que respetar a los indígenas.
En concreto, porque a la hora de negociar, según la analista Doris Marcela Hernández, se debe partir de un análisis riguroso del contexto y de la personalidad social, política e histórica de los pueblos indígenas. Un diálogo político y cultural que va más allá de la preservación del orden público y que parte de reconocer que el departamento del Cauca es una región con una dinámica distinta al resto del país, donde hace mucho tiempo el Estado ha venido ausente y la comunidad indígena exige su espacio.
Por eso, la propuesta del ex ministro Camilo González resulta apropiada para el momento: que el país rodee al movimiento indígena y que se les exija a las FARC un cese unilateral de hostilidades, mientras la comunidad indígena adelanta su diálogo. Es claro que no lo van a hacer, pero también es evidente que sobran en esta convocatoria a una cita histórica. De todas maneras, lo sucedido en las últimas semanas representa un instante crucial en la actual coyuntura del país. Los indígenas del Cauca se han puesto de pie y sin armas. Es ahora el Gobierno el que debe corresponder saldando una deuda histórica.
Una zona conflictiva con historia. El conflicto en el Cauca tiene más de cien años, pero el primero en evidenciarlo fue el líder indígena Manuel Quintín Lame, quien a partir de 1910 comenzó a demostrar la necesidad de que la comunidad indígena se uniera par defender sus intereses. Lame murió en 1967, pero ya había quedado sembrada su idea libertaria.
Sin embargo, después vinieron los conflictos entre el Estado y la insurgencia, y las FARC escogieron el norte del Cauca como una de sus principales zonas de expansión y retaguardia. Así nació el llamado Movimiento Agrario de Río Chiquito, foco de resistencia guerrillera que antecedió a la creación de la guerrilla.
Hoy, 40 años después, la guerra persiste y esta parte del país sigue siendo una zona de confrontación permanente. A partir de este domingo el diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas será lo prevalente, pero la deuda histórica con esta región demorará tiempo en saldarse. De alguna manera, en el Cauca se vive hoy una ola de definiciones.
