En medio de las constantes revelaciones de los medios sobre las cortas condenas que reciben muchos capos colombianos ante la justicia de EE.UU., el senador Juan Manuel Galán cuestionó esa actual situación.
El Senado de la República se alista para adelantar un profundo debate sobre la situación del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos.
En medio de las constantes revelaciones de los medios sobre las cortas condenas que reciben muchos capos colombianos ante la justicia de EE.UU., el senador Juan Manuel Galán cuestionó esa actual situación.
“La extradición se ha ido erosionando y ha ido perdiendo significado y valor…valor disuasivo para el crimen organizado y para los narcotraficantes”, aseguró.
Según él, en Colombia se ha pasado de una identidad disuasiva de la extradición a una “identidad atractiva” de esa misma política.
“Se ha generado todo un cartel de intermediarios entre narcotraficantes y justicia norteamericana para acordar entregas y colaboración delatando rutas, para que condenas de 15 o 20 años terminen en condenas que en muchas ocasiones son de hasta seis meses”, insistió.
Para Galán esto resulta “absolutamente ridículo e insultante” con las víctimas del narcotráfico en Colombia.
“Acá hacemos un gran esfuerzo de invertir buena parte de recursos que podrían ir a otros rubros sociales en la lucha contra el narcotráfico, para terminar enviando a esos capos a condenas cortas en EE.UU.”, recalcó.
Además, según Galán, muchos narcotraficantes tienen en la actualidad Visa a Estados Unidos, mientras a muchos colombianos se les es negado ese documento.
“Muchos narcos después de haber pagado condenas ridículas, resulta que quedan con Visa y con toda clase de facilidades”, agregó.
La idea es que la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en presencia del fiscal Eduardo Montealegre; y el procurador Alejandro Ordóñez, explique “cómo ven la ‘evolución’ de la extradición de colombianos en Estados Unidos”.
La citación ya la hizo la plenaria del Senado para que el gobierno responda los cuestionamientos al tratado de extradición.
