Jorge Aurelio Noguera Cotes es investigado por una serie presuntas irregularidades, que van desde el mal manejo de dineros del plan Colombia hasta “favores” hechos a dos ex ministros, una de ellas relacionada con Gloria Zea, una reputada gestora cultural, esposa del reconocido pintor y escultor Fernando Botero Angulo.

Bogotá. La Fiscalía colombiana dictó medida de aseguramiento en contra del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Aurelio Noguera Cotes. El ente acusador no sólo investiga a Jorge Noguera por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas, sino que también lo hace por haberles permitido a particulares el uso de la Escuela Superior de Inteligencia del DAS, Aquimindia, para prácticas de polígono.

Asimismo, el ente acusador indaga las presuntas irregularidades cometidas por Jorge Noguera en el manejo de dineros del Plan Colombia que fueron destinados al DAS; las anomalías que pudieron presentarse en la suscripción de un millonario contrato entre la policía secreta del gobierno y la Industria Militar (Indumil); que Noguera habría intercedido para el traslado de un extraditable detenido a otro centro carcelario y su concurso en “una conspiración contra el gobierno de Venezuela”.

La Fiscalía también investiga sus "favores" a dos ex ministros y a la actual directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. En esencia, la Fiscalía investiga si “el doctor Noguera, en presencia de Gloria Zea, le dio la orden a Rafael García (ex jefe de informática del DAS) para verificar si existía algún impedimento para que Fernando Botero Zea pudiera ingresar al país y que, en caso cierto, buscara la forma de suprimirlo, pues el doctor Fernando Londoño, ministro del Interior para entonces, le había solicitado dicha colaboración”.

De todas las denuncias que ha conocido la opinión pública en contra de Jorge Noguera, ninguna lo había relacionado hasta hoy con personajes de la talla de Gloria Zea, una reputada gestora cultural, esposa del reconocido pintor y escultor Fernando Botero Angulo y madre de Fernando Botero Zea, el tristemente célebre ex ministro de Defensa que terminó en prisión en 1995 por cuenta del sonado proceso 8.000 y que años después fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito al comprobarse que se apropió de un millón de dólares de la campaña Samper Presidente.

Precisamente, debido a sus líos procesales Botero Zea se fue a vivir a México y, amparándose en su doble nacionalidad como ciudadano de ese país, ha evadido la mano de la justicia. Por eso llama tanto la atención la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Jorge Noguera por presuntamente haber ordenado eliminar los requerimientos judiciales para que ingresara nuevamente al país sin inconveniente alguno.

La decisión de la Fiscalía lo responsabiliza de los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, utilización de asunto sometido a secreto o reserva, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, concusión, falsedad, tráfico de influencias de servidor público y cohecho.

Según la Fiscalía, existen declaraciones y soportes documentales que prueban que Noguera puso la agencia de inteligencia del Estado al servicio de las autodefensas. El auto del ente acusador sostiene que en agosto de 2003 Noguera torpedeó un operativo de las autoridades, denominado Ciclón, en contra del jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna. De hecho, el investigador del DAS que coordinó el operativo contra Giraldo, Sigifredo Puentes, fue trasladado al departamento de Arauca —en donde estaba amenazado de muerte— y obligado a renunciar.

También indaga la Fiscalía si Noguera les entregó a Hernán Giraldo Serna y a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, información privilegiada a través de José Gelves Albarracín, alias El Canoso, y Jorge Castro Pacheco, reconocido político de la Costa Atlántica que hoy está detenido por órdenes de la Fiscalía. También investiga si Noguera se reunió con Jorge 40 para que apoyara a José Fernández de Castro a la Gobernación del Magdalena; si a través del ex director regional del DAS Javier Valle Anaya —conocido en las Auc bajo el seudónimo de J. Valle— se les entregaron a los ‘paras’ listados de sindicalistas y gente de izquierda que posteriormente fueron asesinadas, como el profesor Alfredo Correa de Andreis.

Asimismo, el Fiscal tiene abundantes pruebas que lo relacionan con haber recibido $125 millones de una cooperativa en donde se ocultaban armas para las autodefensas; haber interferido en la operación Oterloo, contra hombres de confianza de Carlos Castaño —según denunció el mayor Henry Rubio Conde, ex director de la Interpol—; y haber desviado varias investigaciones que salpicaban a paramilitares en Santa Marta.

El 7 de diciembre pasado, la Procuraduría había pedido condenar al ex director del DAS por sus conductas ilícitas que permitieron a los paramilitares materializar algunos asesinatos.