El ente investigador consideró que se debe garantizar la comparecencia de Sandra Morelli Rico a las audiencias.

El fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema le solicitó al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que emita orden de captura internacional contra la excontralora General, Sandra Morelli Rico dentro del proceso que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la contratación de la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de la capital de la República.

El delegado del ente investigador manifestó la necesidad de hacer todo el trámite para dar con el paradero de la exjefe del ente de control fiscal, quien se encuentra fuera del país desde el pasado 30 de agosto si se acepta la solicitud de medida de aseguramiento presentada en la mañana de este martes. Para el fiscal del caso Morelli Rico se enfrenta a una pena miníma de ocho años de prisión de ser hallada culpable.

Sobre esta solicitud, Morelli Rico, quien participó en la audiencia mediante vía Skype desde Roma (Italia), aseguró que desde hace meses en diversos medios de comunicación se había publicado la intención de la Fiscalía General para solicitarle a la Interpol que emitiera circular roja para capturarla en el país en el que se encuentra desde hace dos meses.

Aseguró que después de hacer unas averiguaciones confirmó que no existía una órden de captura en su contra, lo cual era normal puesto que el magistrado de control de garantías no había tomado nignuna decisión en su caso. “Tanto la Interpol como la autoridad que debe cooperar, que en este caso sería la italiana, hace una verificación no de fondo sino sumaria sobre la legalidad de la solicitud, sobre que no haya un trato discriminatorio".

Para el representante de la Fiscalía General, debido a la gravedad de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales representa un peligro para la sociedad, hecho por el cual debe ser cobijada con una medida preventiva de detención domiciliaria.

En su intervención el fiscal del caso reiteró que en diversas oportunidades Morelli Rico ha manifestado su interés para no hacerse presente a las audiencias, evadiendo así el llamado de la administración de justicia, hecho por el cual está claramente demostrado que no comparecerá al juicio penal que se le adelanta por estas fallas contractuales.

En este sentido hizo énfasis en el “comportamiento” de Morelli Rico durante el proceso “del cual se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse materialmente a la investigación” hecho por el cual no existe una garantía que cumpla un eventual fallo condenatorio.

El fiscal aseguró que el hecho de que la funcionaria encargada de ejercer control fiscal de los recursos públicos incurra en estas fallas en los procesos de contratación. “De mayor reproche social por las implicaciones que tienen en el funcionamiento del Estado y su capacidad desestabilizadora del sistema social".

El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.

Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)

En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.

Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.

“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)

La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.

En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".