La propuesta de Colombia que se presentó en Washington, la sede del organismo multilateral, consiguió 17 votos a favor entre los 34 miembros del organismo, pero necesitaba de 18.

Bogotá. Colombia sufrió una derrota diplomática al no lograr que se convocara a una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la crisis que se vive en la frontera con Venezuela desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó su cierre y deportó a miles de colombianos.

La propuesta de Colombia que se presentó en Washington, la sede del organismo multilateral, consiguió 17 votos a favor entre los 34 miembros del organismo, pero necesitaba de 18.

Cinco países se opusieron y 11 se abstuvieron, lo que generó una crítica del Gobierno colombiano al organismo.

"Creo que hay que replantear un poco para que está la OEA, porque si no está para ni siquiera hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, (...) donde países que pregonan los derechos humanos se abstienen, pues uno se pregunta esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países", dijo la canciller María Ángela Holguín.

En tanto, la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) aplazó una reunión de cancilleres de ese organismo prevista para esta semana en Quito, a lo que Holguín respondió que Colombia analizará si vale la pena acudir a esa instancia.

Bogotá busca una salida multilateral al problema, mientras que Caracas insiste en que se haga de forma bilateral.

De acuerdo con las Naciones Unidas en la frontera hay "una crisis humanitaria de importantes dimensiones" por las deportaciones de 1.100 colombianos y el regreso de otros 10.000 por temor de sufrir atropellos de las autoridades venezolanas.

"Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas están cruzando la frontera a diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río", dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Maduro, ordenó el cierre de una parte de la frontera binacional hace casi dos semanas, después de un enfrentamiento de contrabandistas con militares que dejó gravemente heridos a dos uniformados.

El mandatario socialista justificó su decisión y un estado de excepción en la necesidad de combatir el contrabando en la porosa frontera de 2.219 kilómetros.

Colombia ha denunciado que sus ciudadanos deportados fueron víctimas de atropellos y violaciones a los derechos humanos, pero Caracas niega las acusaciones.