El gobierno de Juan Manuel Santos anunció una tregua con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tomó acciones en materia de tierras anticipando el fin del conflicto y participa en la exhumación de víctimas de la violencia.
La pasada fue una semana movida en Colombia. Este sábado, el presidente Juan Manuel Santos anunció que suspendería los bombardeos de la Fuerza Aérea contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varios días antes, los miembros de esa organización guerrillera declararon el cese de hostilidades con miras a propiciar un alto el fuego “bilateral y definitivo”. Considerando que las FARC ya han irrespetado otras treguas antes, cabe preguntar: ¿es demasiado pronto para celebrar?
“Debemos alegrarnos, pero teniendo en cuenta que eso no resolverá todos los asuntos pendientes. El cese al fuego anunciado por las FARC y por Santos constituye un paso en la dirección correcta. Recordemos que cuando la tregua fue interrumpida todo apuntaba a que la violencia no podía sino recrudecerse. Por otro lado, el gobierno dejó claro que volverá a atacar a las FARC si éstas incumplen las condiciones para la atenuación del conflicto”, comenta Sabine Kurtenbach, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).
Iniciativas necesarias… y problemáticas. En otros frentes también ha habido –y habrá– movimiento. Este 25 de julio, las autoridades del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y de la Superintendencia de Notariado y Registro recorrieron una de nueve fincas recuperadas recientemente por el Estado para determinar su pertenencia y establecer si los terrenos pueden quedar en manos de campesinos en un escenario de “post-conflicto”. Y este lunes comenzó en Medellín la excavación en lo que la Fiscalía llama “la fosa común urbana más grande del mundo”.
Mediante la exhumación se busca identificar a numerosas víctimas mortales del conflicto armado. “Estas iniciativas son novedosas y necesarias, pero también son problemáticas. Se trata de acciones que pueden complicar las negociaciones de paz de La Habana porque abren o reabren interrogantes que no tienen respuestas unánimemente aceptadas. Cuando los nietos de las víctimas de la guerra civil española comenzaron a abrir sus tumbas, la discordia se apoderó de ese país como si el tiempo no hubiera pasado”, señala la experta.
Peligroso recelo. “El tema de las tierras en Colombia también es complejo. ¿A quién le pertenecen? ¿A quienes las habitaban y trabajaban antes de verse desplazados, pese a no tener los títulos de propiedad correspondientes? ¿O a quienes se asentaron en esas tierras tras desplazar a los ocupantes previos y ‘compraron’ un documento de propiedad? Tampoco en este asunto hay verdades aceptadas por todos. En ciertos casos, para poder hacer justicia, las soluciones políticas son preferibles a las de carácter legal”, dice Kurtenbach.
“Por eso creo que iniciativas como éstas no deberían impulsarse paralelamente al proceso de paz, sino en el marco de las negociaciones de Cuba. Es en La Habana, con el involucramiento pleno de los representantes de la sociedad civil colombiana, donde deberían proponerse los mecanismos para llevar a cabo lo que las iniciativas aludidas están buscando”, enfatiza la investigadora del GIGA, acotando que el recelo de la ciudadanía es muy grande frente a las conversaciones del Estado colombiano con las FARC.
“En este momento, yo no quiero ni imaginar lo que pasaría en Colombia si el gobierno de Santos llega a un acuerdo con los guerrilleros y luego somete a referendo la aprobación de ese pacto”, admite Kurtenbach.
