Así lo denunció el vocero de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, quien indicó que la jueza María Stella Jara abandonó Colombia por falta de protección tras condenar a 30 años a Alfonso Plazas Vega.

Bogotá. La alocución que hizo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a favor del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años por la desaparición de 11 personas en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia, puso en riesgo a la jueza que emitió el fallo y que salió del país por amenazas, según dijo el vocero de las víctimas, Jorge Molano.

En una entrevista con la Agencia Efe, Molano confirmó que la jueza María Stella Jara abandonó Colombia por falta de protección y también que ésta emitió un auto para que el condenado, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, ingresara en prisión de forma inmediata, lo que por ahora “no se ha cumplido”.

“La señora juez tuvo que abandonar el país por razones de seguridad, con anterioridad se habían requerido medidas de protección al Gobierno colombiano, las cuales no se otorgaron en los términos como se plantearon”, aseguró el letrado. Además, “las alocuciones del presidente Álvaro Uribe, en las que considera como un exceso la actuación de la Justicia, han incrementado el riesgo de la juez”, insistió Molano.

El abogado se refirió a las declaraciones hechas por Uribe justo después de conocerse la sentencia, hace dos semanas, cuando señaló que esa sentencia estaba “construyendo un panorama de inseguridad jurídica que atenta contra el manejo del orden público en Colombia”. El mandatario también demandó “justicia imparcial” para las Fuerzas Militares y abogó, al respaldar al coronel Plazas Vega, por una legislación especial para su protección.

Para Molano, “el Gobierno ha decidido entrar en la ruptura del orden constitucional y romper con la independencia de la Justicia en Colombia”, por lo que “el estado de derecho se ve francamente debilitado y cuestionado”. Estos hechos, asimismo, “cuestionan la posibilidad de que en Colombia exista una administración de justicia independiente e imparcial”. Agregó Molano que “la administración de justicia en estas circunstancias viene del Gobierno y de actores privados”.

Y es que, según el letrado, “el hecho de que públicamente se ataque a los funcionarios y sus fallos es una forma de vulnerar la dirección de los poderes”. Además, aseguró, “es doloroso para Colombia y el mundo que una juez que ha resuelto un caso donde la justicia fue prácticamente exterminada deba abandonar el país sólo porque no ha habido voluntad de cumplir las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas”.

Molano aludía así a las medidas de protección que pidió la CIDH y a la advertencia de la ONU en el sentido de que Lara estaba amenazada. “Nos deja un sinsabor porque en Colombia las posibilidades de justicia se alejan, porque el Gobierno ha decidido no proteger a quienes trabajan por la justicia”, insistió el portavoz de los familiares de los desaparecidos durante la ocupación militar del Palacio de Justicia para repeler una toma guerrillera del M-19.

En aquella acción, que dejó más de cien muertos en dos días, desaparecieron once personas, que habían salido con vida, entre empleados del Palacio de Justicia y guerrilleros, hechos de los que 25 años después se ha encontrado un responsable: el coronel Plazas Vega.

Molano, quien reconoció que él también está amenazado y por ello se moviliza con escolta y vehículo blindado, calificó la sentencia de Lara de “histórica” y sintió profundamente que haya tenido que abandonar el país por las amenazas vertidas contra ella y también contra su hijo. A su juicio, ese fallo “reivindica los derechos a la verdad y a la justicia, que empieza a poner las piedras esenciales para acabar con la impunidad”.

Molano informó que la jueza, antes de abandonar Colombia, ordenó “el traslado inmediato” del general Plazas Vega a la prisión, desde el Hospital Militar de Bogotá, donde está ingresado. Pero adelantó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “no ha cumplido”, tras insistir en que hay informes de Medicina Legal que confirman que el coronel en retiro “no tiene enfermedad mental o física” y que su estancia en el hospital es sólo una excusa para evitar la cárcel.

“Si no quieren cumplir la orden vamos a denunciar al director del Inpec por delitos de fraude, resolución judicial y prevaricato”, adelantó el letrado, quien otorgará “un plazo de 24 horas antes de establecer causas penales”. Fuentes del Inpec dijeron a Efe que no habían recibido aún la orden de traslado de Vegas Plaza, algo que desmintió rotundamente el letrado Molano.