La Federación Nacional de Cafeteros y el sector de divulgación y publicidad son los que más recibieron dinero del Fondo para la Paz en los últimos dos años.
Más allá del escándalo que pueda suscitar, es un asunto de transparencia: ¿cuánto se ha gastado el Gobierno en los últimos dos años en temas relacionados con las negociaciones de paz en La Habana? Con el propósito de tener algo más de claridad para los lectores y contribuyentes —porque, al fin y al cabo, todos estos dineros son públicos—, El Espectador revisó con pausa los presupuestos de los años 2013 y 2014 del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que depende directamente de la Presidencia.
Para hablar en cifras totales, en 2013, el Gobierno Nacional gastó $59.590 millones (US$24,7M) en estos contratos, que están relacionados con pagos a asesores, agencias de comunicación, organizaciones no gubernamentales, publicidad, encuestas, entidades y personalidades académicas y viajes. En 2014, la cifra por los mismos pagos fue de $45.411 millones (US$18,8M). Es decir, en este último par de años la inversión del Gobierno superó los $105.000 (US$43,6M) millones.
La organización que obtuvo el mayor de estos presupuestos fue la Federación Nacional de Cafeteros (FNC): $43.035 millones, destinados, según el objeto del contrato, a adelantar proyectos para el logro y mantenimiento de la paz en ciertas comunidades. Este diario contactó a Luis Felipe Acero, gerente administrativo de la FNC, quien dijo que esos convenios comenzaron en 2008, cuando Álvaro Uribe era presidente y Juan Manuel Santos, ministro de Defensa.
Acero explicó que el fin de esos convenios era “tratar de recuperar el sur del Tolima para las comunidades, porque la presencia de la guerrilla era muy intensa. Se han construido unos 70 kilómetros de vías entre Ataco y Planadas, y entre Chaparral y Rioblanco; se trata de vías secundarias, que les solucionaron la vida a muchos habitantes. Antes se demoraban unas 12 horas entre una población y otra, con cinco retenes guerrilleros. Hoy son entre tres y cuatro horas, con condiciones de seguridad mucho mejores”.
De acuerdo con esta información, en el sur del Tolima se habrían construido en los últimos seis años 11,6 kilómetros por año con la FNC. Las tres interventorías de estos contratos costaron $2.009 millones, a cargo de la empresa Velnec, lo que indicaría que asegurarse de la construcción de cada kilómetro costó $173 millones. El documento del Fondo dice que los convenios tienen el propósito de “generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz” en esta región.
Después de la FNC, el sector al que más se destinó presupuesto fue al de publicidad y divulgación: $19.460 millones. Las agencias que más recibieron fueron Arena Communications ($5.880 millones), cuya misión era hacer difusión de piezas de comunicación en medios nacionales y regionales; y Connecta ($2.646 millones), para hacer encuestas y sondeos. Sístole recibió $812 millones para la elaboración de estrategias digitales, con la particularidad de que Felipe Santos, hermano del presidente Santos, fue socio de Ricardo Leyva —representante legal de Sístole— en esta empresa hace unos años, según contaba la revista Dinero en un artículo que nada tiene que ver con la plata para la paz.
Figuran también los canales de comunicación RCN y Caracol*, a los cuales se les pagaron $700 millones y $999 millones, respectivamente, por transmitir “pautas, menciones especiales y otras modalidades de divulgación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”. A Semana le entregaron $1.092 millones para realizar actividades de pedagogía para el posconflicto, así como por generar espacios de discusión sobre la construcción de paz.
Igualmente están los contratos de asesores, varios de los cuales sobrepasan los salarios mensuales de $10 millones, que son unos 15 salarios mínimos (ver contratos) y no pasan del año de duración. Sonia Durán Field, gerente de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado, llegó a tener un contrato que le dejaba un sueldo de $23 millones cada mes —poco más que un ministro—. Aparece también, con dos contratos que llegan casi a los $140 millones, Sebastián Machado, asesor de entera confianza del despacho del fiscal Eduardo Montealegre.
A la Corporación Nuevo Arco Iris, conformada por desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista, le dieron $1.673 millones a través de cuatro contratos, principalmente para aportar información, análisis y propuestas con el fin de posibilitar una negociación entre el Gobierno y el Eln. La Fundación Ideas para la Paz recibió $1.732 millones. Este centro de pensamiento fue dirigido por el alto comisionado Sergio Jaramillo entre 2004 y 2006, año en que llegó a trabajar con Santos como uno de sus viceministros de Defensa.
Por último, pero igual de importante, está el equipo de negociadores de Jaramillo. Para conocer esta información se consultaron dos fuentes, el Fondo para la Paz y el Portal de Transparencia Económica, pero ambos arrojaban números distintos. Por esta razón, El Espectador presenta ambas versiones (ver el artículo en la web). La cifra final que incluye los contratos de los generales (r) Jorge Mora y Óscar Naranjo, Humberto de la Calle, Frank Pearl, Luis Carlos Villegas y Sergio Jaramillo estaría entre los $1.060 y $1.453 millones.
