Una publicación local denunció que funcionarios gubernamentales recibían informes por parte de organismos de inteligencia sobre espionaje a políticos, magistrados y políticos. La presidencia de Álvaro Uribe desestimó las acusaciones.
Bogotá. La Presidencia de Colombia negó que funcionarios de alto nivel de esa institución estén comprometidos en las interceptaciones telefónicas y en el espionaje a magistrados, periodistas y políticos de la oposición como lo denunció una publicación periodística.
La revista Semana publicó un informe que incluyó declaraciones de testigos que comprometieron a funcionarios de la Presidencia en el escándalo y los señalaron como supuestos responsables de ordenar la operación de espionaje que desató una turbulencia en el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
"La Presidencia de la República rechaza enfáticamente la versión publicada en la Revista Semana, en la que supuestos testigos anónimos hacen acusaciones a funcionarios de esta institución", dijo un comunicado oficial.
Los testigos citados por la publicación periodística comprometieron al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al secretario general Bernardo Romero, como las personas que recibían los informes de espionaje a cargo de funcionarios de la central de inteligencia.
La Presidencia reiteró que las relaciones con entidades como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) "siempre han sido de carácter institucional, es decir, a través de sus directores".
La Presidencia insistió que jamás ordenó actividades indebidas contra ningún ciudadano y solicitó a quien tenga acusaciones contra funcionarios acudir a las instancias correspondientes.
El gobierno dijo recientemente que las denuncias de escuchas y espionaje son parte de un complot para desacreditarlo en plena campaña electoral.
El escándalo, que surgió en 2009, provocó que el gobierno de Uribe decidiera eliminar la facultad a su central de inteligencia para realizar interceptaciones de comunicaciones.
Las denuncias de escuchas ilegales realizadas por el DAS provocaron uno de los principales escándalos que ha enfrentado Uribe, quien sin embargo mantiene una popularidad del 70 por ciento.
El gobierno colombiano anunció que eliminará su polémica central de inteligencia y la remplazará por una más pequeña y eficiente que se concentre en actividades de inteligencia y contrainteligencia.
