Cualquier información que permita dar con el exguerrillero, cuya libertad condicional fue revocada por la JEP, será recompensada por las autoridades.

Colombia.- El gobierno de Colombia anunció este sábado que ofrecerá una recompensa de casi US$ 1,0 millón por información que conduzca a la captura de Hernán Darío Velásquez, conocido como "El Paisa”, un exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusado de incumplir los acuerdos de paz firmados por la disuelta guerrilla.

El ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, explicó que la suma de hasta 3.000 millones de pesos (unos US$929.000) por información que permita la captura de Velásquez es una idea del presidente Iván Duque. "Siguiendo su recomendación, señor presidente, estamos ofreciendo una recompensa por la captura de alias 'El Paisa', a quien desde anoche (viernes) se le revivieron 18 órdenes de captura que tenía”, afirmó Botero.

Durante un acto público en la ciudad de Pereira (centro-oeste), el ministro exhibió un cartel de la policía con la foto del exguerrillero y el monto de la recompensa. Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional que había dictado a favor del otrora comandante rebelde, cuyo paradero se desconoce desde junio de 2018. "El Paisa” ignoró tres llamados de la JEP para que respondiera por secuestros y entregara reportes de sus compromisos en material de reinserción.

"Basta de abusos”. Por su parte, el presidente Duque dijo que las "burlas” de Velásquez a la JEP deben terminar. "Ya basta de abusos, ya basta de burlas”, sostuvo Duque, antes de explicar que ya la noche del mismo viernes dio la orden a la Policía Nacional de "avanzar en la captura de alias 'El Paisa' para que sea llevado a la justicia y responda por los crímenes que ha cometido”. Interpol también recibió una solicitud de captura.

Según la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, "El Paisa” perdió los beneficios de libertad condicional y el auxilio económico otorgado por el Gobierno colombiano a los desmovilizados. La jueza lo acusó de haber mostrado un "nulo interés por contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. El pacto de paz prevé que los responsables de delitos graves, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes. En caso contrario, se exponen a hasta 20 años de prisión.