Ninguna de las alcaldías estudiadas por la Corporación Transparencia por Colombia está en el rango de riesgo bajo de corrupción y sólo 10% está en riesgo moderado, de manera que el 90% restante se encuentra en riesgos medio, alto y muy alto.

Bogotá. El riesgo de caer en actos de corrupción en la contratación pública de los municipios y departamentos es latente. Así lo deduce un estudio adelantado por la Corporación Transparencia por Colombia, el cual evaluó los factores de visibilidad, institucionalidad y control y sanción en 148 alcaldías, 32 gobernaciones, 27 contralorías municipales y 32 contralorías departamentales.

En cuanto a los municipios y de acuerdo con la directora ejecutiva de esta ONG, Elisabeth Ungar, es preocupante que ninguna de las alcaldías estudiadas esté en el rango de riesgo bajo de corrupción y que sólo 10% esté en riesgo moderado, de manera que el 90% restante se encuentra en riesgos medio, alto y muy alto.

En este ránking, las mejor calificadas fueron las alcaldías de Madrid (Cundinamarca), Pereira (Risaralda) y San Juan de Pasto (Nairño); mientras que los últimos puestos correspondieron a San José del Guaviare (Guaviare), Chalán (Sucre) y el Carmen de Bolívar (Bolívar).

En cuanto a los departamentos, las gobernaciones que obtuvieron mejores puntajes fueron las de Santander, Caldas y Boyacá, mientras las de Guaviare, Amazonas y Chocó estuvieron en los últimos lugares (ver tablas).

Para Marcela Restrepo Hung, directora de Índices de Transparencia por Colombia, uno de los hechos más preocupantes es la falta de publicidad de las licitaciones, pues de 548 estudiadas sólo 147 se publicaron. Asimismo, en 40% de los municipios analizados, el 70% de las licitaciones se entregaron a dedo.

“Aunque existan denuncias sobre actos de corrupción, la realidad es que no hay sanciones y nos basamos en informes oficiales”, agregó Restrepo, para quien también es preocupante que las contralorías municipales hayan tenido una calificación de 69,2 y las departamentales de 64,2, cuando son las encargadas de supervisar la labor de las instituciones regionales.