El sector pide al gobierno el pago de 1 billón de pesos (unos US$554 millones) los próximos tres años para la nivelación salarial, pero la oferta es de 50.000 millones de pesos (US$27 millones) anuales por 20 años.
Bogotá, Xinhua. La huelga del sector judicial en Colombia entró hoy en su vigésimo tercer día en demanda de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos apruebe una homologación salarial para los empleados de esta rama del poder público.
Tras una reunión de más de seis horas este miércoles a última hora, los voceros de la Asociación Nacional Judicial (Asonal) y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, fracasaron en su intento de lograr un consenso para terminar el paro que completó este jueves 23 días.
El sector judicial pide al gobierno el pago de 1 billón de pesos (unos US$554 millones) los próximos tres años para la nivelación salarial, pero la oferta es de 50.000 millones de pesos (US$27 millones) anuales por 20 años.
Correa dijo que el gobierno está "perplejo" por el rechazo sindical a la oferta, que según la funcionaria ayudaría a cerrar las brechas salariales en el sector judicial.
La ministra recordó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció que tienen derecho a esa nivelación salarial, pero les hizo "una propuesta para que el pago sea sostenible fiscalmente". Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo después de 23 días, Asonal Judicial convocó para mañana viernes a una marcha de protesta que exigirá la nivelación salarial y prevé otras manifestaciones la semana próxima.
El presidente de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, acusó al gobierno de carecer de voluntad política para alcanzar un acuerdo, lo que explica -añadió- la falta de acercamiento con la ministra Correa.
"Nos hemos encontrado con una roca y con una posición cerrada por parte del gobierno y por eso tenemos que ponernos más serios, porque ayer guardamos la esperanza de lograr algún tipo de acuerdo y no se concretó nada", sostuvo Otálvaro a la radiodifusora RCN.
El cese de actividades de la rama judicial ya deja más de 100.000 casos detenidos y pérdidas por casi 100.000 millones de pesos (unos US$55,4 millones).
