En una rueda de prensa en Hurdal, Noruega, los equipos negociadores -de ambas partes- firmaron el documento que los compromete a no levantarse de la mesa de diálogo hasta que no se logre alcanzar un acuerdo sensato y real que permita alcanzar la paz.

Tal como estaba previsto en la agenda, este jueves los delegados del gobierno y las FARC oficializaron el inicio de la segunda fase de los diálogos de paz, que busca acabar con cinco décadas de conflicto armado en Colombia.

En una rueda de prensa Hurdal, Noruega, los equipos negociadores -de ambas partes- firmaron el documento que los compromete a no levantarse de la mesa de diálogo hasta que no se logre alcanzar un acuerdo sensato y real que permita alcanzar la paz.

El proceso arrancó formalmente con la lectura de un comunicado, en el que los representantes de Oslo y Cuba anunciaron la disposición del gobierno colombiano y las FARC seguir adelante con el proceso. Se estableció que el desarrollo agrario será el primer tema de discusión que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en La Habana. Así mismo, se confirmó que el 5 de noviembre habrá una reunión preparatoria para discutir este tema.

La etapa siguiente se llevará a cabo en La Habana, donde las partes negociarán los cinco puntos de la agenda: el problema agrario, la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y la situación de las víctimas.

El objetivo último es lograr un cese de las hostilidades, que las partes negociarán sin silenciar las armas. Santos se opone a un alto el fuego reclamado por la guerrilla, que ha anunciado su intención de pedir su inclusión en la agenda.

Es muy probable que el acceso a la tierra, un problema endémico en el país debido al conflicto armado y al fracaso de las políticas agrarias, sea el primer tema abordado en la negociación.

El narcotráfico es otro de los temas espinosos, ya que una de las fuentes de financiación de la guerrilla sería el cobro de impuestos a los cultivadores de coca.

Y luego está la situación de las víctimas, sobre todo de los millones de desplazados. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras promulgada por el presidente Santos prevé indemnizar a cuatro millones de damnificados y devolver para 2014 dos millones de hectáreas, arrebatadas desde 1991 en su mayoría por grupos armados de extrema derecha y las guerrillas.

Después de tres fracasos en los últimos 30 años, el gobierno colombiano y las FARC dan otra oportunidad a la paz.

Y para ello cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, que lo apoya "sin involucrarse", pero manteniéndose informado "regularmente", afirmó el miércoles una portavoz del Departamento de Estado.