La primera entidad que está en la mira para una posible liquidación o reestructuración a fondo es el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en especial por el reconocido escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales.

Bogotá. Este martes, en la plenaria del Senado de la República, empieza la discusión del último debate del proyecto de ley por medio de la cual se crearán nuevos ministerios y se otorgarán al gobierno facultades especiales para modificar la estructura de la administración pública. En principio, esta iniciativa busca reversar la fusión que se realizó de algunos ministerios y que no dio los resultados esperados, recuperando la figura de las carteras de Justicia, Interior, Salud, Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Vivienda, Ciudad y Territorio. Además, esta sería la herramienta que emplearía el presidente Juan Manuel Santos para reestructurar las entidades que han sido permeadas por la corrupción.

La primera entidad que está en la mira para una posible liquidación o reestructuración a fondo es el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en especial por el reconocido escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales a políticos de oposición, periodistas, magistrados y miembros de la Rama Judicial. Para el senador del Polo Democrático Alternativo Luis Carlos Avellaneda, “a raíz de los últimos escándalos se necesita una reforma, en la que la inteligencia estratégica no esté sirviendo para hacer seguimiento a las otras ramas del poder público y a los opositores”. Sin embargo, sostiene que la reestructuración no debiera afectar a los trabajadores, que no son los responsables de las ‘chuzadas’ que surgieron del Ejecutivo.

Para el senador Juan Manuel Corzo, ponente del proyecto de ley, “además de ser necesaria la restitución de ministerios, es clave la creación de una nueva agencia de inteligencia nacional que no tenga los mismos problemas de corrupción que había en el DAS. Ahora, con el trámite de la ley de víctimas y restitución de tierras, yo creo que la Dirección Nacional de Estupefacientes también debe desaparecer. Está visto que esta entidad fue cooptada por mafiosos y hasta políticos que aprovecharon los bienes incautados para su beneficio. Éstos deben ser empleados para reparar las víctimas”.

Estas facultades especiales se han convertido en el comodín del gobierno para solucionar de tajo los líos de corrupción que se han tomado a varias entidades del Estado, por eso, otra de las organizaciones que serían objeto de modificaciones de fondo es Ingeominas. Así lo planteó el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, quien explicó que busca transformar la entidad en la Agencia Nacional de Minería, con su respectiva superintendencia, para manejar de forma adecuada la explotación minera y evitar accidentes como los que se han presentado los últimos días en el país. Además, se contempla la reestructuración de fondo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y aunque el ejecutivo ha contemplado la posibilidad de liquidarlo, la principal talanquera es la negociación laboral, pues esta entidad tiene más de 20 sindicatos.

Aunque en el congreso hay buen ambiente para la aprobación de esta iniciativa, el Polo Democrático no está de acuerdo con ampliar las facultades para otras entidades del ejecutivo. Avellaneda sostiene que “no nos gusta porque se nos está pidiendo dar más poder, cuando ya tenemos un sistema excesivamente presidencialista. Si el congreso entrega las únicas facultades que le quedan, ¿entonces qué nos queda por hacer?”. Después de sancionada la ley, el gobierno tiene seis meses para hacer la reestructuración que considere necesaria, y con los crecientes escándalos de corrupción no se descarta que se realice un revolcón en la estructura nacional.