Los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule, protagonistas de primer orden de la quiebra más resonante en el sector de la contratación estatal en la historia reciente de Colombia, podrían verse favorecidos si aceptan los cargos que se les imputan.

Este martes se conoció que los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, protagonistas de primer orden en el denominado escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá, podrían pagar siete años de cárcel aproximadamente, si aceptan los cargos que se les imputen en audiencia ante la Fiscalía.

La fiscal general de la nación, Vivianne Morales, aclaró en diálogo con Caracol Radio, que los primos Nule pagarían cerca de 15 años de cárcel por el billonario escándalo de corrupción que terminaron desatando en su gestión como contratistas estatales.

La fiscal añadió que la colaboración de los empresarios con la justicia y su buen comportamiento podría hacerlos merecedores a más rebajas en el cumplimiento de la pena, con lo cual incluso en tres años podrían quedar en libertad.

Los tres controvertidos integrantes del Grupo Nule llegaron a Colombia en un vuelo de Iberia, que venía de Madrid, acompañados de su socio y familiar Mauricio Galofre y de un nutrido grupo de asesores.

Inmediatamente fueron trasladados al búnker de la Fiscalía y a su llegada se reunieron con el fiscal encargado de llevar la investigación penal del carrusel, Germán Pabón, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio, y la fiscal general, Viviane Morales, quien aseguró que los Nule le solicitaron pasar la noche por razones de seguridad en el búnker, como efectivamente sucedió.

La fiscal general señaló que los Nule se sometieron voluntariamente a la justicia y que colaborarán con nuevas pruebas. El Espectador conoció que los empresarios ampliaron su interrogatorio antes de la imputación de este martes y habrían dado una lista de funcionarios que estarían involucrados en el escándalo de la contratación en el ámbito nacional, buscando con esto un preacuerdo y la posibilidad de acceder al principio de oportunidad parcial.

Pero sin que aún empiece a cobrar forma la audiencia de acusación a Miguel, Guido y Manuel Nule, el pasado lunes siguieron apareciendo documentos que apuntan a demostrar cómo su grupo empresarial fue fuente de toda clase de irregularidades e ilegalidades. Por ejemplo, una auditoría que promovió un grupo de interesados en conocer el estado de sus finanzas constató hacía apenas diez meses el desorden contable en que andaban las empresas de los Nule, además de operaciones sin realidad económica.

Entre los hallazgos de esa auditoría, de agosto de 2006, se verificó que había empresas donde no existía un empleado, pero que ostentaban ingresos sin costos asociados con su generación. Las evidencias también dejaron rastro de que posiblemente el Grupo Nule pagaba prebendas a algunas entidades de control del Estado que los supervisaba. En particular, en Ponce de León S. A. no se advertían pruebas de análisis efectuadas para su cobrabilidad y sus pasivos eran claramente superiores a sus activos.

En cuanto a MNV S. A., sus activos estaban comprometidos con terceros en un 77% y eran principalmente cuentas por cobrar a compañías relacionadas con consorcios y uniones temporales. Gas Kapital no se quedaba atrás. No sólo no estaba realizando operaciones directas, sino que por cada peso debía $68 centavos. Translogistic, asimismo, registraba enormes pasivos y muy pocos ingresos significativos.

Las irregularidades detectadas iban desde falta de acuerdos de pago en materia de ventas, hasta la no ejecución de contratos de mantenimiento en los servicios que prestaban. No fue posible acceder a detalles de la administración misma, pero en cambio sí fue persistente la advertencia de riesgo en las distintas empresas por las enormes inconsistencias de la información contable y escasa o nula sujeción a las normas tributarias.

Y como si fuera poco, este mismo lunes empezó a considerarse otro capítulo inédito en la polémica historia del Grupo Nule. En julio de 2007, ante una notaría de Madrid (España), la empresa de ingeniería española Prointec S. A., representada por César Cañedo Argüelles, les otorgó poder, a través de Mauricio Galofre, para participar en diversos proyectos de concesión de obras en Colombia. Sin embargo, existe documentación que podría demostrar que esa información fuera alterada para otros fines.

Con el mismo radicado y sello de apostillaje, el 5 de diciembre de 2007 apareció otro poder a favor de Mauricio Galofre, de la misma mercantil Prointec S. A., pero supuestamente para ceder derechos económicos y permitir la apertura de cuentas bancarias, la adquisición de productos financieros y la solicitud de créditos.

Al parecer, se trata de una falsificación de un documento con fines aún no determinados. El tema no está claro, pero seguramente también será investigado por las autoridades.