Los presidentes Santos y Maduro acordaron un plan para salir de la crisis fronteriza entre ambos países. Unasur afirma que Maduro regularizará a los deportados.
Este miércoles, los titulares de Defensa de Colombia y Venezuela, Luis Carlos Villegas y Vladimir Padrino López, debían reunirse para intentar avanzar en la “normalización progresiva” de la frontera común, parcialmente cerrada por Venezuela. Pero el encuentro quedó aplazado sin fecha ni explicaciones, a petición del Gobierno venezolano.
Sin embargo, en un escueto comunicado fechado el lunes en Quito, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) señalaba que su secretario general, Ernesto Samper, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habrían acordado el retorno y la regularización, con ayuda del Gobierno venezolano, de los ciudadanos colombianos deportados durante esta crisis fronteriza. Consultada por DW, la responsable de Prensa de Unasur, Ana Karen Mora, declinó ampliar la información, hasta tanto la organización autorice la publicación del acuerdo.
¿Regularización?. “La regularización implicaría volver al estatus anterior a la deportación”, prevé Víctor M. Mijares, académico visitante del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo, consultado por DW. “Una parte importante de estas personas alega haber tenido documentos de identidad venezolanos, algunos en calidad de doble-nacionales, cosa común en la frontera colombo-venezolana, y el Gobierno de Maduro desconoció ese estatus, otorgado durante el Gobierno de Chávez”, explica el politólogo venezolano.
Desde el 19 de agosto pasado, el Gobierno venezolano ha ido ordenando el cierre de la mayor parte de los pasos fronterizos con Colombia, decretando el estado de excepción y aumentando la presencia militar en esas zonas, para combatir supuestas actividades paramilitares y de contrabando. Según organismos de Naciones Unidas, casi 1.500 colombianos fueron deportados, lo que derivó en una crisis diplomática entre ambos países.
Cerca de 20.000 han retornado además por propia voluntad, tras enfrentar “dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud”, así como “actos de discriminación y persecución por parte de autoridades y particulares”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) en un reciente informe, rechazado por el Gobierno venezolano.
Permitir ahora el retorno y la regularización, dependería de “una decisión política, con consideraciones y consecuencias jurídicas, pero sería fundamentalmente una decisión del Presidente de la República en Consejo de Ministros”, precisa Mijares y duda “que haya para eso una asistencia que vaya más allá de revertir el desconocimiento de estos documentos de identidad”. El incentivo podría estar en “tratar de salvaguardar un poco la imagen del Gobierno venezolano después del daño que se autoinfringió con esa deportación tan violenta”, opina.
¿Situación de (no) retorno?. Tanto la abortada reunión este miércoles como el casi misterioso acuerdo del lunes, siguen a un plan de normalización acordado la semana pasada por Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que selló la vuelta “inmediata” de sus respectivos embajadores. Pero, ¿volverán los deportados? ¿Y quiénes retornaron por propia voluntad y desconfianza en las autoridades?
“No sabemos qué interés tengan en volver. Hay una ruptura de la confianza respecto a la estabilidad de las decisiones tomadas por parte del Estado venezolano, que puede en un momento reconocer la nacionalidad o la doble nacionalidad de una persona y de pronto desconocerla, alegando cualquier razón, para luego decir que esas razones podrían ser estudiadas a futuro”, evalúa el politólogo venezolano del GIGA.
Como sea, para Mijares, la actual crisis “no responde a un tema de relaciones bilaterales sino de política interior venezolana”. Visto así, las deportaciones no serían el “el verdadero problema” sino una consecuencia de este. “El verdadero problema es que la creciente centralización de poderes y del control político del Gobierno sobre la sociedad venezolana ha producido un daño estructural crítico a la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes, así como a las capacidades económicas del sector privado venezolano”, asegura.
En tal contexto, “mantener una economía abierta, de interacción libre, tal y como fluye en la frontera colombo-venezolana, particularmente en el primer paso cerrado entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, implica una fuga de divisas y recursos”, advierte Mijares y abunda: “Recursos que ahora son limitados en Venezuela escapan hacia Colombia, donde el mercado es mucho más atractivo. Escapan sobre todo los bienes comprados con dólares preferenciales venezolanos y el combustible venezolano, la gasolina más barata del mundo.”
