La Constitución Política de 1991 es un árbol de navidad al que le cuelgan de todo con la creencia de que la paz, la justicia, la igualdad, el progreso, se consiguen mediante el articulado y los incisos.

En 21 años se le han hecho 34 reformas, lo que demuestra la imperfección de la Carta, pues si esta estuviera fundada sobre bases reales y no sobre meras expectativas, no requeriría un remiendo cada siete meses, tiempo promedio de las que se han hecho hasta el momento. Eso no deja duda del gran engaño al que se sometió a los colombianos al decirse que se necesitaba una nueva constitución para superar todos los problemas con el argumento de que la de 1886 era el origen de muchos de ellos. Puro cuento.

Pero más grave que la cantidad de enmiendas y la inutilidad de un texto tan prolijo, es el talante mismo de las reformas. El parlamentario Miguel Gómez Martínez (Portafolio, 05/06/2012) señala que este año vienen por lo menos tres: la reforma a la justicia, el Marco Jurídico para la Paz (MJP) y el fuero militar; y que hay otras en tránsito como el derecho a la gratuidad en salud o el derecho “a no sentir hambre”, lo que se traduce también como alimentación gratuita.

Derechos muy cuestionables porque no hay almuerzo gratis, alguien debe pagarlo. Excesos que los legisladores —y los jueces que legislan con sus sentencias— ponen sobre los hombros de los mismos que pagan sus onerosos sueldos y sus escandalosas mesadas, como si esos actos de generosidad con plata ajena sirvieran para expiar sus culpas.

Claro que lo que no tiene parangón ni antecedentes es la perversa reforma del MJP. El ex viceministro de Defensa Rafael Guarín acaba de publicar un libro titulado Paz justa que debería ser de obligatoria lectura de todos los colombianos o, por lo menos, de los más interesados en el devenir nacional. Y comienza Guarín preguntándose si España reformaría su Constitución para obligar al Estado a negociar con ETA; si el parlamento inglés votaría una norma por la cual el Estado renuncie a investigar, juzgar y condenar a personas vinculadas a los atentados terroristas sufridos en Londres en el 2005; si México transformaría su Constitución para perdonar las masacres y demás crímenes de los Zetas; si Uganda haría lo propio para no castigar al mediático Joseph Kony o si EE. UU. modificaría su carta magna para exculpar a Al Qaeda de sus actos terroristas.

Pues eso es lo que está haciendo el Congreso de Colombia —aceitado con mermelada burocrática— al incrustar en la Constitución un mal llamado ‘marco para la paz’ que dejará en la impunidad los más aberrantes crímenes de las organizaciones armadas ilegales y elevará a rango constitucional el perdón para cualquier organización criminal que en el futuro se crea con el derecho de ejercer la violencia indiscriminada en pos de cualquier clase de reivindicaciones.

El libro desnuda, en seis grandes críticas, los innumerables inconvenientes que traería el MJP y su inutilidad como herramienta para alcanzar la paz. La primera crítica es que evidentemente genera impunidad; se les quita a las víctimas la posibilidad de exigir verdad, justicia y reparación a través de un mecanismo caprichoso (la selección de casos) que —sospechamos— será usado con sesgo para exculpar a los líderes guerrilleros. Además, permite su participación en política y les otorga elegbilidad en cargos públicos.

La segunda crítica es que el MJP “fomenta la repetición y la continuidad de la violencia”. Esto porque no se trata de un mecanismo transitorio sino indefinido en el tiempo, determinado por la existencia del ‘conflicto’. Mientras este persista, los violentos gozarán de impunidad, concesión que no parece ser un llamado a la paz sino un estímulo para el terrorismo.

Y, como si fuera poco —y es la tercera gran crítica del libro de Rafael Guarín—, “la impunidad que promete el MJP se estrella contra el derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad de acuerdo con los tratados internacionales de los que hace parte Colombia”. En fin, lean este libro, se consigue gratuitamente en internet.