El detonante de la huelga ha sido el rechazo popular a la decisión del Gobierno de ocultar a la ciudadanía la muerte de siete menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Sin embargo, la protesta también es un rechazo a medidas económicas y el aumento del desempleo.

Bogotá. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró este miércoles que no habrá toque de queda ni militarización en la capital colombiana durante el paro nacional contra el Gobierno del presidente, Iván Duque, convocado para este jueves.

"Nosotros no hemos solicitado militarizar ni cosa parecida, nuestro Ejercito está en la ciudad, tiene instalaciones en la ciudad, a pocas cuadras hay guardia presidencial, la Brigada XIII del Ejercito estará vigilando algunas instalaciones estratégicas (...) pero no hay nada que uno pueda decir que pudiera denominar militarización", señaló Peñalosa en una rueda de prensa.

Las declaraciones del alcalde se producen después de que la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informara de que el Ejecutivo colombiano le otorgaría facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para que puedan prohibir el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas e, incluso, aplicar un toque de queda en sus jurisdicciones con motivo de las marchas convocadas para este jueves.

"Tenemos que estar especialmente alerta frente a algunas actividades criminales que puedan tener interés en llevar a cabo alguno de los grupos extremistas", dijo Peñalosa, al tiempo en que ha enfatizado en que Bogotá "no es suiza".

El alcalde ha defendido los registros y los protocolos de seguridad que se llevan a cabo con motivo de la protesta --criticados por la oposición-- y ha destacado que las acciones de las autoridades buscan "proteger a los ciudadanos que van a marchar y proteger la ciudad".

"Estamos en un entorno donde hay un inmensa mayoría de ciudadanos que quieren marchar en paz, pero también hay elementos extremistas que en el pasado han cometido violaciones a la ley e incluso se han cometido actos terroristas", agregó, al tiempo que ha advertido de que los actos vandálicos y la destrucción de bienes públicos son delitos.

Por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, recordó que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en los últimos días "27 allanamientos" y ha explicado que en estos registros se ha incautado material que servía para la fabricación de más de 1.500 'papas bomba' para el paro nacional.

"Coincidencialmente (los registros) se producen días antes de programar unas marchas y movilizaciones, pero hay que entender que estos procesos vienen de meses anteriores", indicó el oficial en relación a las confiscaciones de 4 kilos de aluminio, 1,5 kilos de azufre, tres tubos de papel aluminio, 2 kilos de puntillas, 7 kilos de arandelas y medio kilo de una sustancia por determinar.

La polémica sobre este asunto se generó después de que el martes la Policía realizara registros en las sedes de varios colectivos de artistas y en un medio de comunicación, lo que fue criticado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Asimismo, Pinilla indicó que en los últimos cuatro años se han llevado a cabo en la capital colombiana 2.600 movilizaciones, con lo cual las fuerzas de seguridad tienen "un protocolo de actuación" que han conversado previamente con quienes promueven las protestas. "Solo en el 6% o 7% de los casos ha habido alteración al orden público o confrontaciones violentas", añadió.

En Bogotá se llevará a cabo una marcha que comenzará desde ocho puntos diferentes de la ciudad a partir de las 10.00 de la mañana, hasta llegar finalmente a la Plaza de Bolívar, según han señalado medios locales.

El Gobierno colombiano anunció esta semana que entre la medianoche del martes al miércoles y las 5.00 horas del viernes todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país sudamericano permanecerán cerrados como medida de seguridad, en el marco de las medidas adoptadas por la huelga general.

El detonante de la huelga ha sido el rechazo popular a la decisión del Gobierno de ocultar a la ciudadanía la muerte de siete menores en un bombardeo el pasado 2 de septiembre contra disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región de Caquetá. La operación fue defendida como "conforme al Derecho Internacional Humanitario" por el entonces ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, que dimitió poco después de conocerse los hechos.

Sin embargo, numerosas organizaciones sociales y otros sectores civiles han hecho un llamamiento a sumarse a la convocatoria por el aumento del desempleo en el último año, el aumento de asesinatos de los líderes sociales, y algunas medidas económicas que han denominado "el Paquetazo de Duque", según ha asegurado la Fundación Paz y Reconciliación.

Frente a esto, el presidente de Colombia, Iván Duque, negó la semana pasada que su Gobierno vaya a llevar a cabo una reforma laboral y de las pensiones, y desmintió que esté promoviendo aumentar la edad de jubilación, una reducción del salario mínimo o autorizar que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de lo estipulado por la ley, otros argumentos de la protesta.