Desde mediados de marzo, los habitantes de 11 municipios de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, sufren los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda criminal los Pelusos, dijo Clúster de Protección Colombia.

Bogotá. Los combates entre guerrilleros del ELN y una banda criminal por el control de una región estratégica para el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en el noreste de Colombia ha provocado una crisis humanitaria que afecta a miles de civiles, denunció este viernes un colectivo de derechos humanos.

Desde mediados de marzo, los habitantes de 11 municipios de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, sufren los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda criminal los Pelusos, dijo Clúster de Protección Colombia, un colectivo de agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que trabajan temas humanitarios.

"Los enfrentamientos han afectado a más de 85.000 personas quienes se encuentran con graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad", afirmó el colectivo. "Existen restricciones al acceso humanitario por la presencia de minas antipersonal".

En la región tuvo presencia la antigua guerrilla de las FARC, que salió en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno en 2016 para acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha cobrado 220.000 vidas.

Una situación similar ocurre en otras regiones del país de 50 millones de habitantes, donde grupos armados ilegales luchan para asumir el control territorial de zonas en donde estuvieron las FARC y que son estratégicas para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Clúster de Protección Colombia reveló que casi 45.000 niños y jóvenes no reciben clases en las escuelas y colegios de la zona, mientras que más de 2.800 personas se han desplazado para huir de los combates y evitar quedar en medio del fuego cruzado. Adicionalmente, unos 4.500 indígenas están en situación de confinamiento.

Los establecimientos comerciales de la zona y el transporte público se encuentran paralizados, mientras que el acceso a los hospitales es limitado pese a que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional intensificaron sus patrullajes e intentan recuperar el control, de acuerdo con autoridades civiles de la zona.