La actual ley educativa data de la década de 1960. Diferentes sectores del gobierno, sociedad civil, magisterio, estudiantes, padres de familia, partidos políticos y otros comenzaron "desde cero" la discusión para crear una nueva ley educativa.
Diferentes sectores del gobierno, sociedad civil, magisterio, estudiantes, padres de familia, partidos políticos y otros comenzaron "desde cero" la discusión para crear una nueva ley educativa.
Miembros de 82 organizaciones de estos grupos se reunieron ayer en Casa de Gobierno para dar el primer paso para formar este cuerpo legal con la meta de mejorar la calidad educativa.
Este proceso de diálogo se produce luego de que el presidente Porfirio Lobo decidiera convocar a estos representantes, tras la toma de varios centros educativos por parte de profesores y alumnos de institutos públicos por estar en contra del anteproyecto de la Ley General de Educación, ya que consideran que elimina la gratuidad de la educación.
El encuentro se denominó "Mesa de concertación nacional por la educación que todos queremos".
La ministra de la Presidencia, María Guillén, y el titular del Congreso Nacional (CN), Juan Hernández, dirigieron la reunión y se mostraron optimistas de que el acercamiento logre superar los problemas por los que atraviesa la educación.
"Hemos de continuar sin desmayo hasta llegar al objetivo, estas situaciones no son nada fáciles, es como entrar a una arena movediza, que si nos quedamos a la mitad del camino nos vamos a hundir, pero si todos aspiramos llegar al otro lado, lo lograremos", manifestó Guillén.
Reclamos y peticiones. Mientras el gremio magisterial y los estudiantes propusieron que la nueva norma garantice que la educación sea gratuita, sectores de la sociedad civil insistieron en que la misma tiene que establecer mecanismos para mejorar la calidad de los educadores.
El coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, Oswaldo Canales, dijo que la nueva ley educativa debe garantizar mejorar la calidad de los educadores, que exista capacitación y que se limite el tráfico de nombramientos.
El planteamiento del presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Honduras, Emilio Aguirre, se basó en que la ley debe permitir una educación accesible, que se mantengan las tres jornadas de enseñanza y laboratorios y bibliotecas actualizadas.
Por su lado, la presidenta sociedad de padres de familia de los alumnos de Instituto Central Vicente Cáceres, Clemencia Peña, acusó que los estudiantes que se toman colegios están siendo utilizados y que representan un pequeño grupo de los educandos.
Los representantes de los grupos étnicos manifestaron que la ley educativa debe establecer que la enseñanza sea bilingüe en los sitios donde están estos asentamientos para que se respeten sus lenguas de origen.
"No renunciamos a la competitividad, pero deben respetarse las costumbres", dijo el viceministro de las Etnias, Edy McNab.
Por su parte, la representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), María Cristina de Handal, recomendó iniciar el sistema de descentralización y transformar el sistema de educación técnica por técnica vocacional.
En representación de los organismos cooperantes, Mireya Batres, remarcó que a las entidades que dan asistencia financiera lo que les interesa es que los recursos sean invertidos con transparencia.
Mientras, la creación de programas nacionales para dar asistencia educativa especial a los más desposeídos fue la propuesta de Lourdes Maradiaga, del Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos
Los colegios magisteriales llegaron sintonizados a una voz: que "se frene la represión contra los estudiantes" y que no se privatice la educación.
"No le tenemos miedo al cambio, estamos dispuestos a dialogar, pero no podemos hacerlo si hay represión", expresó el presidente del Colegio Profesional Superación Magisteral Hondureño, Edwin Oliva.
También propuso que se elimine la comisión interventora de Instituto de Prevención del Magisterio.
El magisterio defendió la toma de colegios, pero en ningún momento hizo referencia al derecho a la educación que se viola cuando suceden estos hechos.
El vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, manifestó que no era posible que se convocara a un diálogo mientras en las calles se estaba "garroteando" a los estudiantes.
Orlando Mejía, del Primer Colegio Magisterial de Honduras, apuntó que una discusión de una nueva ley educativa también debe partir reconociendo los salarios atrasados de 6.000 docentes a quienes no se les paga desde 2008.
Los partidos políticos también mandaron sus representantes, igual que hicieron acto de presencia delegados de las bancadas en el Congreso, quienes expresaron su voluntad de apoyar las reformas que sean necesarias para mejorar la calidad educativa.
"No nos queda muchos tiempo para la educación , tenemos que trabajar para lograr educación de calidad y reducir las desigualdades", dijo el presidente del Partido Innovación y Unidad, Jorge Aguilar.
Las universidades privadas, por su parte, abogaron para que se les permita crear un nuevo consejo de educación superior que les permita tener autonomía propia.
De igual modo, señalaron que el Estado tiene la tarea de definir y estimular la educación superior, con la supervisión de la implementación de los planes de estudios y de las carreras establecidas.
El ministro de Educación, Alejandro Ventura, dijo esperar que la nueva ley educativa responda a los intereses de los alumnos, principalmente a los de la escuela pública.
La próxima reunión de la Mesa de Concertación Nacional será el próximo lunes 22 de agostos en el Congreso Nacional.
