El gobierno ucraniano, según el comisario, debe abordar "el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la independencia y la imparcialidad del sistema judicial", dijo Nils Muiznieks.

Estrasburgo. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, afirmó que las revueltas populares de los últimos meses en Ucrania ponen de manifiesto la necesidad de afrontar una reforma policial y judicial.

En un informe elaborado sobre ese país, a partir de los datos recabados en una visita que hizo a Kiev entre el 4 y el 10 de febrero pasados, el comisario constató los problemas que tuvieron lugar en las revueltas de noviembre y febrero.

Muiznieks se reunió con ministros, parlamentarios, jueces, médicos, periodistas y otros representantes de la sociedad civil y, posteriormente, recibió datos de las autoridades, que mostraban que en la segunda quincena de febrero se registraron 82 muertos, 876 personas que necesitaron atención médica y 588 hospitalizadas.

El gobierno ucraniano, según el comisario, debe abordar "el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la independencia y la imparcialidad del sistema judicial y la falta de un marco legislativo que regule las manifestaciones pacíficas".

Recordó que numerosos manifestantes fueron heridos por balas de goma, "lo que muestra de manera clara el uso excesivo de la fuerza policial, que fue completamente innecesaria y desproporcionada para controlar a los manifestantes, incluidos los violentos".

Según el informe, la impunidad policial es "un antiguo problema muy arraigado" en Ucrania, que "ha interferido seriamente en la capacidad del país para hacer frente a esas violaciones y a sus causas fundamentales".

Muiznieks criticó la cooperación entre la policía y agentes parapoliciales, lo que "socava enormemente la confianza pública" en las fuerzas del orden "como una institución neutral cuya principal función es hacer cumplir el estado de derecho y proteger los derechos y libertades".

El ministerio ucraniano del Interior cifró esas fuerzas en enero de 2014: 3.713 formaciones cívicas para proteger el orden público, compuestas por 76.000 personas, sin contar con 74 asociaciones de estudiantes, 163 de cosacos y 130 compañías de seguridad.

El informe pidió la "reforma urgente" del Ministerio Público, con el objetivo de "despolitizarlo, y elegir al fiscal general y los fiscales según cualificaciones y méritos basados en criterios claros y transparentes".

Además, urgió a "efectuar esfuerzos sólidos y concertados encaminados a reformar el sistema judicial.

Respecto a la deriva de los acontecimientos en Ucrania tras la caída de Víktor Yanukóvich, el comisario europeo aseguró que "es crucial que la integridad territorial y la soberanía se respeten de manera efectiva".