El ente legislativo concluyó que Glas no puede ser sometido a este proceso porque ya no es funcionario público desde la medianoche del pasado martes, cuando se declaró su ausencia temporal en el cargo.
Quito. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la oficialista María José Carrión (Alianza PAIS), decidió este domingo concluir el proceso que se había iniciado para un juicio político al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.
El ente legislativo concluyó que Glas no puede ser sometido a este proceso porque ya no es funcionario público desde la medianoche del pasado martes, cuando se declaró su ausencia temporal en el cargo. Mientras, el sábado, el Parlamento posesionó a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta.
Glas está detenido desde octubre pasado en la Cárcel 4 en Quito y en diciembre fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht.
"No podemos ya conocer aquello", concluyó Carrión, quien dijo que notificará la decisión a los asambleístas que firmaron la solicitud para que se inicie el juicio y al presidente del Legislativo José Serrano (Alianza PAIS) para que él "pueda definir si es que jurídicamente es competente enviar o no a la Fiscalía" las pruebas de cargo y descargo.
Ante el escenario de que la Ley impide a los asambleístas juzgar a alguien que ya no es funcionario público, Carrión aseguró: "Lucharemos por hacer las modificaciones necesarias para que en un futuro se permita ejecutar juicios políticos sin prescribilidad".
Durante la sesión de la Comisión hubo parlamentarios como Jimmy Candell que se inclinaron por la opción de seguir con el proceso de enjuiciamiento. "El juicio político comenzó en el momento que fue calificado por el CAL (Consejo Administrativo de la Legislatura). Eso significa que debemos continuar con el proceso y darle viabilidad".
Según el informe jurídico presentado en la Comisión, no se cumplían todos los requisitos del Artículo 129 de la Constitución para continuar con el juicio y por eso asambleístas como Silvia Salgado expresaron: "No tenemos la competencia de ejecutar un juicio político a un exvicepresidente. Nuestros actos deben estar motivados de acuerdo a la Ley".
