El grupo de 21 senadores votó 14 a 5 para que se juzgue a Dilma Rousseff por acusaciones de que manipuló las cuentas fiscales para permitir un mayor gasto del Gobierno antes de su reelección en 2014.

Brasilia. La comisión del Senado que estudia el juicio político a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, votó el jueves a favor de someter el caso al pleno de la cámara, lo que abre el camino para que la mandataria sea removida definitivamente del cargo.

El grupo de 21 senadores votó 14 a 5 para que se juzgue a Rousseff por acusaciones de que manipuló las cuentas fiscales para permitir un mayor gasto del Gobierno antes de su reelección en 2014. Ella niega los cargos, y sostiene que es víctima de una conspiración de la derecha.

El Senado votará el martes si acepta los cargos y comienza un juicio que debería alcanzar un veredicto a fines de mes.

"La votación del comité confirma no sólo que Rousseff rompió normas fiscales a sabiendas, sino que además fue una administradora deshonesta", dijo a medios el senador Ricardo Ferraço.

Sondeos realizados por medios brasileños indican que más de dos terceras partes del Senado votaría por la remoción de la líder socialista, lo que confirmaría en el cargo al presidente interino Michel Temer hasta culminar el mandato original de Rousseff en 2018.

Desde el 12 de mayo, cuando el Senado suspendió a Rousseff, la bolsa de Sao Paulo y el real se han fortalecido ya que los inversores apuestan a que se concrete su destitución y que se confirme a Temer, quien ha propuesta políticas que favorecen a la empresa privada.

El proceso en contra de la suspendida presidenta ya ha disparado la peor crisis política en Brasil en décadas, junto con una serie de escándalos de corrupción, justo cuando el país recibe a los Juegos Olímpicos.

La incertidumbre política ha hecho que la mayoría de los líderes políticos se mantengan al margen del evento deportivo, cuya ceremonia inaugural se realizará el viernes en Río de Janeiro. Fuentes del Gobierno dijeron a Reuters que apenas 28 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su visita, contra los 50 que se esperaban.