A Perú lo une a la Unión Europea, desde 2013, un acuerdo de asociación. Desde mucho antes, sin embargo, la cooperación europea ha estado presente. Uno de sus temas: la lucha anticorrupción. ¿Cómo se miden los avances?
La sacudida del Perú por el caso de corrupción que llevó a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido grande. Pero en la Unión Europea –unida a Perú por un acuerdo de asociación desde hace 5 años y por otro anterior de cooperación desde el 2003- no hay nadie que se sorprenda demasiado. Si el crecimiento económico y el potencial del país andino les queda muy claro a sus socios europeos, conscientes están también de sus problemas en cuanto a la falta de cohesión social y a la poca firmeza de sus instituciones.
"Partimos de la preocupación que hay con la corrupción en Perú, que ha vuelto a presentar una puntuación de 37 sobre 100”, explica a DW Borja Díaz, especialista de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Barómetro de la corrupción. FIIAPP trabaja, junto con otras organizaciones, para llevar a la práctica compromisos internacionales como el objetivo 16 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas: esforzarse, hasta el 2030, por conseguir paz, justicia e instituciones fuertes. Esto se traduce en el marco de la relación entre Perú y la Unión Europea en 32 millones de euros (entre el 2014 y el 2020) para la creación de un "barómetro de integridad”.
"Se trata de, por un lado, sistematizar toda la información a nivel de juzgados y, por otro, hacer un análisis cualitativo que permita medir el estado de la corrupción más allá de las percepciones”, agrega Díaz. Hay que recordar que Transparency International –organización que emite cada año un índice de corrupción- se basa en las declaraciones y las percepciones de las personas.
Lacra regional. Para América Latina, se calcula que 1 de 3 personas pagaron sobornos en 2017. Perú –aunque mejoró un puesto- se acerca más al 0 que indica un sistema muy corrupto que al 100, uno muy transparente. "Uno de los problemas más graves de una democracia es la corrupción. Ésta erosiona la dimensión de confianza de los ciudadanos en el Estado”, sigue Díaz.
"Si por corrupción y mala utilización, los impuestos del ciudadano no se traducen en servicios públicos de calidad, se pierde la confianza, uno de los elementos base de la cohesión social. Por ello hay que trabajar en la parte preventiva, pues es más fácil trabajar en el acceso a la información pública y en el control social ciudadano que recuperar los fondos robados”, puntualiza. En el marco del programa EuroSocial se había abordado anteriormente la implementación de un mecanismo de denuncias ciudadanas.
El tema se trata con alcance regional: en Chile se trabaja, por ejemplo, en la creación de un centro de asesoría legal gratuita para denunciantes de corrupción y de protección de denunciantes con la Fiscalía. En Colombia acaba de concluir un proyecto para la integridad en el sector salud; en Guatemala han registrado ciertos logros.
"Aunque el barómetro de integridad ayuda a ser más concretos, es difícil saber en qué medida hay avances. Por otro lado, en la medida que se descubren más casos de corrupción crece el movimiento popular que impulsa el control social”, afirma Díaz. El tema está alto en la agenda de la región: a un próximo encuentro regional en Buenos Aires y a la VIII Cumbre de las Américas en Lima, FIIAPP y la UE –a través de Transparency International- envían sus recomendaciones.
Avances aunque no milagros. "A pesar de todo, en América Latina hay voluntad de que el tema de la lucha anticorrupción esté en la agenda”, explica a DW por su parte, Renate Weber. La eurodiputada presentará dentro de poco un informe acerca de la lucha contra la impunidad, a nivel birregional. Con la misión de observación electoral y también en el marco de un acuerdo especial de cooperación entre el Congreso del Perú y el Parlamento Europeo, Weber ha estado varias en el país en los últimos dos años.
"Después de las elecciones de 2016 hemos insistido mucho en un cambio de financiamiento de partidos y de campaña. Fue muy duro convencer a los políticos que el financiamiento privado debe tener las mismas reglas que el público”, afirma Weber. Reformas en cuanto a prohibir candidaturas políticas a personas condenadas por corrupción, narcotráfico o trata de personas son para Weber, diputada rumana del bloque liberal, avances en un sistema donde los mecanismos no son tan fuertes.
"Si bien no vamos a asistir a milagros, medidas como éstas cambian el comportamiento de un político, también de las organizaciones de la sociedad civil que tienen más fuerza, y de la prensa para investigar”, agrega. Implementar no sólo penas por corrupción, sino también la confiscación de bienes mal habidos serían, en su opinión, mecanismos coercitivos.
Así las cosas, en un Perú donde se dice que todos los expresidentes están en este momento presos, juzgados o buscados, la cooperación europea está consciente del problema. Y colabora con lo que el propio país solicita de la asistencia internacional. "Colaboramos con la Coordinación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que agrupa a diferentes instituciones del Estado y a observadores de la sociedad civil”, dice Díaz, técnico senior en políticas públicas.
"Debido a todos los cambios y problemas que atraviesa el país estamos apenas empezando con nuestras tres iniciativas: la inclusión del enfoque de género en el plan anticorrupción; el observatorio anticorrupción y la reforma a la ley de financiación de partidos”, concluye Borja Díaz con la vista puesta en la cooperación internacional pues "el gran desafío es la corrupción transnacional”.
